San José, 26 ago (elmundo.cr) – Miembros de la Junta Directiva del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) presentaron su renuncia al ministro de Salud, Daniel Salas, el pasado jueves 19 de agosto; la renuncia es de manera irrevocable y se hará efectiva el próximo martes 31 de agosto.
Esta decisión obedece a desacuerdos con el manejo político-hacendario en el sector salud en torno a los recortes en el contenido presupuestario establecido en la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, así como la Ley N° 9635, Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y sobre todo a la no presentación de un decreto presupuestario H-15 el contempla el grueso de los fondos necesarios para continuar con los servicios por parte del Ministerio de Hacienda a la Asamblea Legislativa; situaciones que perjudican de manera directa a la población meta que atiende la institución.
“Desde principio de año hemos estado viviendo una situación financiera apremiante, la cual nos llevó en abril pasado al cierre de ochos dispositivos de atención y a negociar con proveedores externos la prestación de servicios como seguridad y limpieza, esto con la promesa de que estos servicios serán resarcidos cuando aprueben los presupuestos solicitados; al respecto hemos buscado un acercamiento con el ministro de Hacienda, Elian Villegas con el objetivo de exponerle la situación, pero no hemos logrado que nos escuche”, indicó Eugenia Mata, presidenta de la Junta Directiva de IAFA.
Los miembros de la Junta Directiva que presentaron la renuncia son: Isabel Gámez Páez, Rodolfo Vicente Salazar, Patricia Redondo Escalante, Jaime Caravaca Morera, Jessica Bolaños Murillo, María Eugenia Mata Chavarría.
En meses pasados, debido a los recortes presupuestarios IAFA se vio en la obligación de suspender los servicios de seis Centros de Atención Integral en Drogas (CAID) ubicados en zonas altamente vulnerables del territorio nacional, el Centro de Acogida en Cristo Rey, la Unidad Móvil, además de los servicios de cuido de personas menores de edad y la atención de centrales telefónicas, colocando a la Junta Directiva y a la Dirección General de IAFA en una situación de incertidumbre y preocupación al dejar de atender a más de 5.800 usuarios mayores de edad y un aproximado de 700 personas menores de edad con algún problema de consumo.
En estos momentos se requiere de la presentación del decreto H-15 ante el plenario legislativo lo cual no se ha hecho y pone en peligro los servicios de IAFA por falta de presupuesto, si no se presenta y aprueba dicho proyecto extraordinario, un 40% de las personas usuarias no podrían recibir atención, pues no cuentan con seguro social y el resto de personas deben ser atendidas por personal de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), agravando y saturando aún más la prestación de estos servicios bajo el contexto de la pandemia.
“Somos conscientes de la situación económica del país debido a la crisis sanitaria a consecuencia del COVID-19; sin embargo, esto no puede afectar los servicios que IAFA brinda a las personas consumidoras de sustancias psicoactivas, presentamos la renuncia como una forma de manifestar nuestro desacuerdo no solo con los recortes desproporcionales realizados al sector salud, sino también por lento trámite de presentación a los decretos presupuestarios por parte del Ministerio de Hacienda; esto a pesar de contar con el apoyo y buen ambiente político a nivel de la Asamblea Legislativa” añadió Mata.