San José, 24 ago (elmundo.cr) – La jueza Yocelin Quesada Porras del Tribunal de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántico declaró, este jueves, que la huelga de 13 días que se dio en el Poder Judicial durante el mes de julio fue ilegal.
Quesada adoptó dicha resolución, al declarar que la administración de la justicia por parte del Poder Judicial, constituye un servicio esencial que no puede sumarse a movimientos de huelga.
Fue la Procuraduría General de la República, ente que funge como abogado del Estado, el que presentó la solicitud de declaratoria de ilegalidad de la huelga, luego de que así lo acordara una mayoría de la Corte Plena el 27 de julio.
El Presidente de la Corte, Carlos Chinchilla dijo en ese entonces que servicios básicos esenciales del Poder Judicial se suspendieron a raíz de la huelga, hecho que está prohibido según la legislación costarricense.
El Frente Gremial del Poder Judicial anunció en un comunicado que la declaratoria de ilegalidad es “prematura”, alegando que al menos dos organizaciones que se sumaron al movimiento no fueron notificadas o lo hicieron de forma incorrecta, por lo que presentarán acciones de nulidad para traerse abajo la decisión de la jueza.
El Tribunal de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántico fue quien tuvo que resolver la solicitud de declaratoria de ilegalidad de la huelga, pues el resto de juzgados no estaba trabajando producto de las manifestaciones.
Los gremios del Poder Judicial se alzaron en huelga, pues exigían a los diputados usar su texto como la base para la redacción del proyecto de Ley para reformar el sistema de pensiones judiciales, y no uno suministrado por la Superintendencia de Pensiones (Supen). Los congresistas se mantuvieron firmes en su decisión y decidieron desechar los textos existentes, para redactar uno desde cero, el cual inclusive ya está dictaminado.
En la votación en la Corte Plena, los siete magistrados que integran la Sala Constitucional se inhibieron de votar, en vista de que eventualmente el acuerdo y la declaratoria de ilegalidad de la huelga podría ser elevado a ese Tribunal.
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