San José, 31 ago (elmundo.cr) – En cumplimiento a las recomendaciones de la Defensoría de los Habitantes, la Corte Suprema de Justicia acordó la adopción de medidas para garantizar los derechos fundamentales a personas con discapacidad psicosocial en internamientos involuntarios.
Estas acciones se dan como respuesta a una investigación de la Defensoría sobre la situación de los derechos humanos en hospitales psiquiátricos, en la que se constataron debilidades de coordinación entre los juzgados de familia y los centros médicos.
La Ley General de Salud, en su artículo 30, dispone que cuando una persona con discapacidad psicosocial ingresa a un centro de atención psiquiátrica de forma involuntaria, debe ser comunicado al juez de familia de la jurisdicción respectiva, a efecto de cumplir con las obligaciones y los requisitos de ley para la tutela de sus derechos.
No obstante, en la investigación realizada se comprobó que, en el caso del Hospital Nacional Psiquiátrico, este si cumple con la obligación de informar a los Tribunales de Justicia competentes, pero estos no ejercen el debido control de legalidad de los internamientos involuntarios.
Debido al alto riesgo de esta población a sufrir violaciones a los derechos humanos, la Defensoría recomendó a la Corte Suprema de Justicia cumplir con las garantías establecidas en el Protocolo de atención para el efectivo Acceso a la Justicia de Personas con Discapacidad Psicosocial.
En razón de lo anterior, la Corte Plena acordó que la Comisión de la Jurisdicción de Familia solicite a los jueces de esa materia un informe acerca del tratamiento que han dado a las comunicaciones de este tipo que se hayan recibido de parte de las instituciones psiquiátricas, debiendo señalar en concreto si han aplicado el Protocolo en cuestión.
“La Defensoría se muestra satisfecha ante la adopción de medidas por parte de la jurisdicción de familia, ya que el alto riesgo de esta población a sufrir violaciones a los derechos humanos requiere de una evaluación regular de las garantías a los derechos de las personas internadas en hospitales psiquiátricos”, comentó el Defensor de los Habitantes en funciones, Juan Manuel Cordero.
Por último, la Defensoría llamó la atención de las autoridades del Hospital Chacón Paut ya que se constató que no cumple con su obligación de comunicar los internamientos involuntarios al Juzgado de Familia respectivo.
