San José, 10 mar (elmundo.cr)- Una reforma constitucional para que los diputados ya no puedan elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y que de paso se suprima la injerencia de los partidos políticos en estos procesos, es la propuesta que impulsan los jueces agremiados en la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud) en momentos en que el Poder Judicial atraviesa una crisis de credibilidad.
La discusión de una reforma a la Constitución Política que modifique el proceso de elección de magistrados se ventiló esta semana durante el congreso “Fortalecimiento de la Justicia”, promovido por la Acojud y con el respaldo de magistrados de la Corte.
Actualmente, el artículo 121 de la Constitución Política le da la potestad a la Asamblea Legislativa de elegir los magistrados por periodos de 8 años, lo que obliga a los interesados a realizar un intenso cabildeo, muchas veces, puerta a puerta de los legisladores, para obtener su favor con el voto en el plenario.
Previo a esto, los postulantes deben pasar por un tamiz en la Comisión de Nombramientos del Congreso, que emite un dictamen con la recomendación de tres nombres. Aún así, los criterios políticos pueden prevalecer, y los diputados pueden apartarse del criterio de la Comisión.
“Este es un foro que no solo encierra a la judicatura nacional, es un instrumento de comparación sobre la urgente reforma que debe llevarse a lo interno del POder Judicial, no solo a nivel de estructura y competencias, sino que también mediante la creación de un órgano independiente para la elección de magistrados, para sacar del campo político todos estos procesos de nombramiento”, dijo la presidenta de Acojud, Adriana Orocú.
La propuesta de despolitizar la elección de los miembros de la Corte responde a una tendencia internacional, mediante la cual, de forma paulatina, se ha venido desproveyendo de poder de elección a los cuerpos políticos representados, en el caso de Costa Rica, en la Asamblea Legislativa.
“Las democracias más consolidadas, por ejemplo, Alemania, España y Francia, tienen consejos de la judicatura que laboran de forma independiente para la elección de los magistrados, y lo que tratan es que precisamente el lobby, el amiguismo y el tráfico de influencias no sean los requisitos indispensables para los nombramientos, sino que sean requisitos de idoneidad”, enfatizó la jurista.
Durante el congreso, realizado en el Hotel Crowne Plaza Corobicí, contó con la participación de expertos en administración de justicia de ocho países de Europa y América Latina, además de magistrados de la Corte Suprema de Justicia que consideran necesaria una despolitización en el proceso de elección de magistraturas.
Para Orocú, este tipo de iniciativas buscan cerrar espacios a la corrupción, el manejo indebido del poder político, y la llegada de magistrados sin idoneidad a la Corte Suprema de Justicia.
El congreso contó con el respaldo de la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM), cuyo presidente, el juez peruano Oswaldo Ordóñez Alcántara, estuvo presente. También asistió el vicepresidente de la Unión Internacional de Magistrados (UIM), el juez José Manuel Igreja, de Portugal, el juez Miguel Ángel Galvez, reconocido internacionalmente por estar al frente del proceso que llevó a prisión al exdictador guatemalteco Efaín Ríos Montt y al exvicepresidenta de esa nación, Roxana Baldetti, ambos acusados de corrupción.
