San José, 1 ago (elmundo.cr) – Los trabajadores del Poder Judicial se jugarán la última carta para para frenar, al menos durante un mes, la reforma del Congreso a su privilegiado régimen de pensiones.
Este martes la Asamblea Legislativa entra en el periodo de sesiones extraordinarias, en el cual, Casa Presidencial es la que fija la agenda de proyectos que conocen los diputados. Es decir: si el presidente Luis Guillermo Solís no convoca el proyecto para reformar el régimen jubilatorio del Poder Judicial, el mismo no avanzará.
La huelga se depuso este martes, tras doce días consecutivos de una parálisis casi general en los servicios que presta ese Poder de la República. A cambio, los gremios y la Corte pedirán a Casa Presidencial retirar de la agenda de sesiones extraordinarias la iniciativa.
El fin -al menos temporal- del movimiento no escapó de la polémica. Los trabajadores afiliados a los gremios judiciales afirman que fueron traicionados, mientras que sus representantes dijeron en una conferencia de prensa que el acuerdo era que los diputados acogieran un texto minoritario presentado por el diputado Jorge Arguedas del Frente Amplio, el cual contiene el texto originalmente redactado por los judiciales.
Sin embargo, la Corte cuando anunció el fin de la huelga no manifestó que lo anterior formara parte del acuerdo. Además, en reiteradas ocasiones, la institución dijo que sería respetuosa de lo que los diputados decidieran reformar en el régimen de pensiones, siempre y cuando se apegara al estudio técnico hecho por la Universidad de Costa Rica.
Precisamente, los diputados de la comisión redactaron un texto nuevo usando todas las recomendaciones del cuarto escenario de ese estudio, que incluye elevar la edad de retiro a 65 años, subir el porcentaje de cotización obrera del 11% al 15% de forma escalonada, reducir el monto de la pensión a un 85% del promedio de los últimos 240 salarios y poner un tope de 4 millones a las pensiones.
