San José, 23 sep (elmundo.cr) – La Asociación de Jubilados en Acción del Magisterio Nacional (AJA) interpuso, este martes, una acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional, con el propósito de exigir el fin inmediato del congelamiento en las pensiones de Régimen Transitorio de Reparto (RTR), que afecta a más de 30.000 jubilados de este régimen.
La acción ataca directamente los artículos 2 y 79 de la Ley N.° 7.531 “Reforma Integral del Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional” por omitir el mecanismo de revalorización por costo de vida para la mayoría de los jubilados del Régimen Transitorio de Reparto (RTR).
“Presentamos esta acción ante la Sala Constitucional, con el debido fundamento, para exigir una sentencia que repare de inmediato una evidente discriminación. Es inaceptable que se mantenga a dos terceras partes del régimen con sus ingresos congelados mientras el costo de vida sigue en aumento, más aún cuando la vía legislativa fue frenada tras el veto presidencial a un proyecto que buscaba dar un alivio urgente a los montos más bajos”, afirmó Miguel Ángel Sobrado Chaves, presidente de AJA.
El impacto de este vacío legal afecta directamente a más del 65% de las personas pensionadas del Régimen Transitorio de Reparto del Magisterio Nacional. Esta población ha mantenido sus ingresos estancados desde el enero del 2021. Dichos salarios permanecen congelados por la aplicación de la Regla Fiscal (Ley N.° 9.635) al superar la deuda pública el 60% del PIB, aún cuando la propia ley establece que no se pueden congelar las revalorizaciones por costo de vida a jubilados.
La Asociación solicita a los magistrados emitir una sentencia que ordene al Ministerio de Hacienda aplicar de forma automática y semestral los incrementos por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) a las pensiones de las Leyes 2.248 y 7.268, en igualdad de condiciones con el resto del régimen.
Desde el punto de vista técnico y jurídico, la defensa de AJA demuestra que el reajuste por costo de vida forma parte del derecho fundamental a la pensión. La acción señala que el artículo 2 de la Ley N.° 7.531 fue concebido con el fin expreso de resguardar los derechos adquiridos de los regímenes anteriores; sin embargo, al omitir dentro de sus excepciones la revalorización por costo de vida, la norma terminó generando un trato inequitativo que vulnera el principio de igualdad y no discriminación, consagrados en la Constitución Política y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La acción señala además una vulneración directa al principio de progresividad y no regresividad de los derechos humanos puesto que el congelamiento ha reducido progresivamente el valor real de los ingresos adquiridos por los jubilados sin que medie ninguna justificación de interés social.
Entre enero de 2021 y diciembre de 2025, el costo de vida acumuló un crecimiento del 9,04%, alcanzando picos inflacionarios de hasta un 13,06% en el año 2022, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Esta situación ha provocado un grave deterioro en la capacidad de compra de las personas adultas mayores para atender necesidades básicas.
En contraste, cerca de 16.000 personas pensionadas del RTR amparadas bajo la Ley N.° 7.531 sí reciben merecidamente sus revalorizaciones automáticas semestrales por IPC, según lo establece el artículo 79 de esa norma. La Asociación aclara que este beneficio es un derecho legítimo que debe mantenerse, pero cuestiona la arbitrariedad del marco legal al no aplicar esa misma equidad a todo el colectivo, generando un trato discriminatorio entre personas que pertenecen a un mismo sistema y que son administradas por la misma institución.
“La revalorización periódica es una garantía esencial para que la pensión no pierda su valor real frente a la inflación y para que las personas adultas mayores puedan vivir con dignidad, según lo establecen los convenios internacionales y otros instrumentos del derecho internacional suscritos por el Estado de Costa Rica. Confiamos en que la Sala Constitucional acogerá nuestro reclamo, resguardará nuestros derechos adquiridos y corregirá este vacío legal en favor de la equidad”, concluyó Sobrado.
