San José, 3 ene (elmundo.cr) – El diputado liberacionista Wagner Jiménez presentó el expediente 22.863 con el fin de masificar la emisión y uso de la firma digital para ciudadanos y empresas.
El proyecto tiene como fin reformar el artículo 7 a la Ley N.° 8454 Ley de certificados, firmas digitales y documentos electrónicos, del 30 de agosto del 2005:
Artículo 7.- Satisfacción de los requisitos fiscales. Cuando la emisión de un acto o la celebración de un negocio jurídico en soporte electrónico conlleve el pago de requisitos fiscales, el obligado deberá realizar el pago en forma electrónica y remitir el comprobante a la autoridad competente lo requiera.
Además adiciona el artículo 18 bis a la Ley N.° 8454 Ley de certificados, firmas digitales y documentos electrónicos, del 30 de agosto del 2005:
Artículo 18 bis. -Definición y reconocimiento jurídico. Se entenderá como certificador autorizado la Agencia Nacional de Gobierno Digital creada por la Ley 9943, entidad pública que emitirá los certificados digitales y está debidamente autorizada según la presente Ley, la Ley N.° 8454 y sus reforma o su Reglamento; la Agencia Nacional de Gobierno Digital podrá activar el uso de varios medios de firma electrónica o digital como la autenticación biométrica y blockchain. Para tales efectos establecerá y anunciará públicamente los estándares de operación para la certificación de firma electrónica (en adelante, “estándares de operación”) En este caso, las normas de funcionamiento se determinarán teniendo en cuenta las normas reconocidas internacionalmente entre otros.
Jiménez explicó que “actualmente solo 535 mil personas y empresas utilizan el mecanismo de la firma digital para agilizar sus trámites”.
Además, el legislador señaló que “a través de esta reforma lo que queremos es universalizar este servicio autorizando a la nueva agencia del Gobierno Digital para que emita certificados de firma digital a menor costo y con el propósito de elevar la cobertura para que los ciudadanos puedan efectuar sus trámites en línea las 24 horas del día, los siete días de la semana y desde cualquier parte”.
“De esta forma estaremos entrando en una disrupción a través de la tecnología para facilitarle los trámites a los ciudadanos y a las empresas y de esta forma convertir el estado costarricense en un estado más moderno, más eficiente, más competitivo y más transparente”, concluyó.
De ser aprobado el proyecto, la Agencia Nacional de Gobierno Digital tendrá un plazo de un año improrrogable a la entrada en vigencia de esta ley para establecer la unidad certificadora y emitir los certificados digitales a todos los
ciudadanos.
Asimismo, los entes públicos deberán suministrar los todos los servicios en forma digital, un año posterior a la vigencia de la presente ley, plazo improrrogable para cumplir con la obligación establecida en la presente ley.
