San José, 26 may (elmundo.cr) – La diputada Iztarú Alfaro, subjefa del Partido Liberación Nacional (PLN), emplazó al viceministro de Hacienda, Luis Molina, al exigir respuestas claras sobre el bloqueo de recursos fundamentales para el sector educación.
Con el primer informe de la Contraloría General de la República (CGR) de este 2026 sobre la mesa, la legisladora cuestionó la inacción del Ejecutivo frente a la reducción del presupuesto para becas, comedores estudiantiles e infraestructura en las zonas más vulnerables del país.
Alfaro no titubeó y lanzó el dardo directo al viceministro de Hacienda: cuestionó duramente los criterios del Gobierno para mantener estos recursos congelados durante el actual ejercicio económico.
La subjefa verdiblanca enfatizó que el recorte a las transferencias destinadas a la infraestructura de los centros educativos, es devastador y tiene en regiones deprimidas económicamente, como la Región Brunca.
El viceministro intentó sacudirse la presión argumentando que los recursos que la Asamblea Legislativa había redireccionado hacia el área social en los últimos tres años provenían de la partida de intereses de la deuda pública, no de recursos nuevos.
Escudándose en el artículo 179 de la Constitución Política, el jerarca justificó que el Gobierno tiene prohibido generar nuevos gastos sin una fuente de financiamiento fresca.
Sin embargo, la verdadera justificación del Ejecutivo llegó al hablar de los fondos de FODESAF, vitales para sostener los comedores escolares.
El viceministro confesó que, al intentar reasignar esos dineros basándose en “criterios de oportunidad y técnica” de los entes de desarrollo social, se toparon con un muro: una advertencia directa de la Contraloría.
Según detalló, el ente contralor amenazó con abrir procedimientos administrativos contra el ministro Nogui Acosta y el ministro de Trabajo si no se apegaban a la distribución estricta y desactualizada de la ley de FODESAF.
El saldo de la comparecencia es preocupante. La intervención de la diputada Alfaro dejó en evidencia la parálisis de un Gobierno que prefiere acatar una regla fiscal ciega antes que pelear por la inversión social.
Mientras Hacienda y la Contraloría se enfrascan en un pulso legal para proteger a sus jerarcas de sanciones administrativas, los platos rotos los pagan los estudiantes de la Zona Sur, quienes siguen esperando infraestructura digna y un plato de comida en sus mesas escolares.
