San José, 27 ago (elmundo.cr)- La diputada del bloque Nueva República, Ivonne Acuña, presentó un proyecto de ley para sancionar el contrabando de celulares en las cárceles.
El expediente 21.564 propone una multa de 10 salarios base del poder judicial, es decir, 4 millones 462 mil colones, para la persona que sea sorprendida tratando de meter celulares, cargadores, piezas de teléfonos o cualquier otro artefacto que facilite la comunicación desde los centros penales.
Según datos del Ministerio de Justicia, entre los años 2010 y 2018 se decomisaron más de diez mil aparatos celulares en todas las cárceles, lo que alarma a las autoridades ya que la mayoría de esos artefactos son utilizados para cometer delitos como estafas y
extorsiones.
“Durante los últimos días hemos visto como se disparó la cantidad de victimas de esos delincuentes quienes desde las cárceles hacen lo que quieren, se ocultan detrás de teléfonos celulares para estafar; ya es hora de poner fin a esa realidad que podría costar
más de cinco mil millones de colones y un millón de dólares tan solo este año a sus víctimas”, aseguró Acuña.
La iniciativa también incluye el despido e inhabilitación por más de tres, y hasta cinco años, para el ejercicio de funciones públicas,
al trabajador del Estado que sea sorprendido ingresando esos aparatos de comunicación.
De igual manera sucederá con las empresas que vendan algún bien o servicio a las cárceles y cuyos empleados utilicen ese acceso para introducir teléfonos celulares.
“Esta ley será la única forma de llevar un poco de tranquilidad a los costarricenses y evitar que más personas sean víctimas de este tipo de delincuentes que se adueñaron de las cárceles”, finalizó la legisladora.