San José, 12 may (elmundo.cr)- El consultor político y empresario Iván Barrantes, vocero de la empresa GEOSATIS, líder mundial de la tecnología de tobilleras electrónicas, asegura que el negocio de las tobilleras, entre la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) y el Ministerio de Justicia, “no huele nada bien”.
¿Por qué afirma usted que huele mal algo en este negocio?
Porque tengo muchísimos años de trabajar en el mundo empresarial y tengo el olfato refinado para detectar cuando algo no huele nada bien. En este caso el hedor emana desde varios rincones. Empezando por la naturaleza misma del negocio que se quiere hacer. Veamos, hay una empresa que quiere entrar a un negocio de millones de dólares para estar ahí tan sólo ocho meses, o seis, porque ahora la ESPH le ha pedido a CESA que le extienda el contrato por dos meses más. ¿Dígame usted cómo se llama esa obra?
¿Qué debería hacerse entonces?
Esperar la tan anunciada Licitación Internacional que desde hace ratos viene diciendo el Ministerio de Justicia que sacará y no lo ha hecho. Para ello debería, el Ministerio de Justicia, tener lista esa licitación máximo en agosto o septiembre, para que haya chance de que realmente se termine el contrato con la ESPH y pueda haber un nuevo proveedor del servicio del Ministerio de Justicia a partir de febrero del 2021.
¿Y qué pasa si no sale a tiempo esa Licitación Internacional o la apelan como sucede siempre?
Ahí es donde la cosa empieza a oler mal y mi olfato me dice que podrían estar las respuestas que todos esperamos y no ha querido dar ni la ESPH ni el Ministerio de Justicia; sino por qué , pregunto yo, a este momento están más preocupados de hacer un cambio de proveedor final que no se necesita que en la Licitación Internacional para tener un proveedor determinado por el tiempo del nuevo contrato.
Yo creo que, de no prosperar la licitación internacional, el Ministerio de Justicia se verá forzado a renovar el convenio con la ESPH hasta que esté en firme el adjudicatario de la Licitación Internacional. Y ahí el asunto huele peor, porque entonces ya no sé si creer que esto sería una consecuencia que alguien esté esperando y no producto de la casualidad.
¿Qué lo hace sospechar de esa manera don Iván?
Mire, en diciembre del 2019, cuando se renueva por 4 meses el contrato entre CESA y la ESPH, el argumento de la empresa pública fue que, por existir un órgano director en su contra (una investigación, que había sido ordenada por la Contraloría General de la República), entonces esa extensión del convenio sería sólo por esos meses porque más o menos ese era el tiempo que duraba en resolver el Ministerio de Justicia si los condenaba o no.
Esa investigación era por un tema que, políticamente, es sumamente delicado, que es lo relativo a la participación sustantiva en el negocio por parte de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, en tanto si de verdad era superior a lo que la Ley manda o no.
Pero resulta que no sabemos si ese órgano resolvió o no, si condenó o absolvió a la ESPH, y no sabemos porque CESA, siendo una empresa que evidentemente podría salir perjudicada con ese resultado, nunca se le informó que podía ser parte del órgano, y ahora que ellos lo han pedido, no han recibido respuesta y no hay respuestas de nadie en el Ministerio de Justicia sobre un tema tan importante.
¿Qué otro rincón de esos que usted menciona huele mal?
Mire, resulta que la viceministra de Justicia, Viviana Boza, había solicitado vía oficio el 19 de diciembre 2020, una mejora tecnológica en la solución actual de tobilleras electrónicas y que una vez que firmáramos esta renovación por 4 meses el 20 de diciembre 2019, el 23 de diciembre de ese mismo año la ESPH llamó a un proceso de investigación de mercado para definir un proveedor que satisficiera el requerimiento del Ministerio de Justicia.
Dicho proceso fue resuelto por la exministra Marcia González, la última semana de enero 2020, prácticamente un día antes de dejar su puesto. Como verán es un proceso totalmente cubierto por el velo de la mala fe, empezando por que la ESPH en lugar de pedirnos la mejora tecnológica solicitada por el Ministerio de Justicia, nos hizo firmar una renovación por solo 4 meses argumentando la existencia del órgano director y luego en menos de una semana nos sale con un proceso de investigación de mercado que termina adjudicado a otro proveedor.
Honestamente lo sentimos demasiado manipulado ya que la lógica dice que, si el Ministerio de Justicia pide una mejor tecnológica a la ESPH, este DEBERÍA agotar la vía primero con su socio actual y caso que este socio no satisfaga dicho requerimiento, ahí si quedan facultados a generar un proceso de cambio. Nunca fue así.
¿Es normal eso de la participación sustantiva?
Lo que llamamos Participación Sustantiva, es una parte vital en el manejo de la excepción de la contratación directa entre empresas públicas el cual es una excepción que permite obviar todo el proceso de contratación administrativa, en aras de buscar mayor velocidad y eficiencia en la contratación. Así ha ganado la ESPH varios contratos como factura electrónica con el Ministerio de Hacienda, el arreglo de los Jardines del nuevo centro de convenciones, parquímetros en Liberia, entre otras. Nosotros ya enviamos un oficio al Ministerio de Justicia solicitando la actualización de dicho proceso, solicitando que seamos tomados en cuenta, ya que cualquier fallo sin nuestra participación, es totalmente ilógico y contraproducente, la Contraloría debería tomar cartas en el asunto.
Pero realmente lo que más me tiene sorprendido es como el Ejecutivo en la figura del presidente y del exministro de la Presidencia hacen caso omiso de algo que a todas luces es bochornoso y una oda a las malas prácticas que tanto ha querido erradicar este país.
Si existe un proceso de licitación internacional para generar un cambio de proveedor en enero 2021, esa licitación tiene que estar adjudicada mínimo en octubre 2020 para poder generar una transición y cambio de los casi 2,000 dispositivos que existirían en la calle en ese momento. A la fecha, no hay ni señales de los términos y condiciones esa licitación y ya estamos en primera semana mayo 2020. Lejos de eso, hay una insistencia y obstinación tanto en el Ministerio de Justicia como en la ESPH por hacer un cambio de proveedor ahora en mayo 2020, para prácticamente cambiarlo de nuevo en enero 2021 producto de la adjudicación de esta licitación internacional que a la fecha es uno de los mayores misterios. Y hace menos sentido ahora que la ESPH nos ha pedido una extensión de contrato por dos meses, porque evidentemente no están listos para arrancar este próximo 23 de mayo ( en 3 semanas ), con su nuevo proveedor Buddi ( empresa inglesa ) a la cual Marcia González, la cuestionada exministra de Justicia, prácticamente le adjudicó a dedo en el proceso de investigación de mercado que la ESPH se sacó de la manga la última semana de diciembre 2020, una vez que nos hubo engañado con el cuento del Órgano Director por la participación sustantiva ( otro gran misterio en esta historia, porque nadie sabe nada al respecto).
¿Pero ya ustedes habían participado de otra mejora tecnológica antes, en qué se diferencia de esta?
No existe a la fecha un informe técnico del Ministerio de Justicia que justifique este requerimiento y esta decisión de cambio de proveedor. No pueden estar listos para enfrentar la complejidad de un cambio de este tipo, porque lo hicieron de forma atropellada y sin criterios técnicos objetivos. A no ser que el plan sea dejar sembrada a la nueva empresa (Buddi) y por arte de magia la licitación internacional sea declarada desierta, por algún tecnicismo de esos que sobran en la administración pública.
Dudo mucho que una empresa como Buddi Internacional, venga a invertir varios millones de dólares por solo 5 meses de operación (si aceptamos la extensión de contrato por dos meses, Buddi estaría entrando a finales de Julio 2020). El resultado final de la hipotética licitación internacional es incierto, y un proyecto de este tipo y para esta magnitud de inversión, el retorno de la inversión no es en 5 meses. ¿Compadre hablado? No lo puedo asegurar, pero que algo huele mal, huele muy mal.
Finalmente, don Iván, ¿Qué piensan hacer ustedes?
Nosotros tomaremos las medidas que corresponden. No puede haber tanta mala fe e irresponsabilidad en un asunto de seguridad nacional y ad portas de un escenario complejo ya que ante un eventual 25-30% de desempleo producto de la crisis COVID-19, es obvio que los índices de delincuencia común se dispararán y ante el hacinamiento actual del sistema penitenciario (total foco de contagio), la medida del sistema de tobillera electrónica se volverá una medida más que alternativa, será necesaria.
Estamos tan conscientes de esto, que ofrecimos 2,500 dispositivos a precio preferencial (para lograr ahorros) y a pagar a 3 meses en plan de pagos que se pactara. A la fecha no hemos recibido respuesta de dicho ofrecimiento y el Ministerio de Justicia parece más interesado en un cambio de proveedor en las próximas tres semanas que enfrentar los problemas reales que nos aquejan como sociedad.
Hay que sentar un precedente, caiga quien caiga.
