San José, 2 ago (elmundo.cr) – Pese a que el 25% del territorio costarricense está conformado por Áreas Silvestres Protegidas, que albergan el 5% de la biodiversidad mundial y generan billones de dólares por año al país, Costa Rica solo destina 100 millones de dólares anualmente, para preservar esa riqueza natural.
Así lo reveló la Universidad Nacional (UNA) con base a múltiples informes emitidos por varias instituciones.
El V Informe a la Convención de la Diversidad Biológica reveló que durante el año 2009, las áreas protegidas costarricenses representaron un 5% del Producto Interno Bruto (PIB) de Costa Rica.
Sin embargo, la Contraloría General de la República, señaló que la falta de recursos financieros tuvo un efecto desfavorable en al menos 80% de las zonas protegidas.
“Es increíble que un recurso que le genera billones de dólares por año al país, reciba solo alrededor de 100 millones para su funcionamiento. El Estado gustoso recibe todos los beneficios, pero escatima recursos a la hora de devolverle al sistema”, criticó Daniel Janzen, cofundador del Área de Conservación Guanacaste.
Para Janzen, Costa Rica se quedó estancada en los años 80 y debe buscar propuestas para un biodesarrollo de las áreas protegidas.
“No es solo el financiamiento, es contar con una adecuada gestión para su manejo. Aquí desarrollamos un programa de educación donde los niños de las escuelas que rodean el área vienen y pasan el día aprendiendo del bosque, reconociendo que esta es una fábrica de agua y que la sociedad debe recompensarla por ese producto que nos genera”, afirmó.
Parte de la falta de recursos para cuidar y vigilar mejor las áreas protegidas costarricenses se debe al poco financiamiento que tiene el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), entidad que se sostiene con las transferencias que hace el Estado y el cobro por la entrada a las áreas silvestres de Manuel Antonio, Poás, Irazú, Marino Ballena y Tortuguero, aunque no todo el dinero que de ahí se recolecta le es girado.
Parte de la auditoría efectuada por la Contraloría reveló que 86 de las 128 áreas protegidas estudiadas, tienen una persona responsable de su gestión, número insuficiente para atender al menos el 35% de las necesidades de estos territorios.
“En el sector de Quebrada González contamos con seis funcionarios: uno atiende visitación, otro es el encargado de puesto, hay una cocinera y tres compañeros de protección y control que también realizamos proyectos como el de monitoreo de huellas y el mantenimiento de la infraestructura”, explicó Róger Loría, del Área de Conservación Volcánica Central Braulio Carrillo.
El informe también reveló que la distribución de los recursos humanos disponibles carece de criterios preestablecidos, lo cual origina diferencias significativas en la cantidad de funcionarios asignados.
“Tenorio cuenta con cinco funcionarios para 5.530,74 hectáreas, mientras Tortuguero, carece de funcionarios y su extensión territorial es de 5.800 hectáreas”, agregó.
Por su parte, Alberto Pérez del Área de Conservación Osa detalló que algunas zonas del país aseguran que las amenazas a la biodiversidad son su principal reto. “En Osa la caza y la orería están desangrando la zona, los patrullajes no son suficientes para un área tan grande. Lo que necesitamos es atención integral para estos problemas, que se involucre también a la comunidad”.
