Cuesta de Moras, 18 oct (elmundo.cr) – La intención de la Alianza Opositora de la Asamblea Legislativa de recortar ¢47.000 millones del presupuesto 2017 del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y trasladarlos al Ministerio de Seguridad Pública (MSP) va en contrario a dos sentencias judiciales.
Así lo advirtió este martes en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el Ministro de la Presidencia en ejercicio, Luis Paulino Mora ante consulta de los medios de comunicación.
El jerarca recordó que existe una sentencia de la Sala Primera que obliga al Gobierno a girarle al PANI el 7% de lo recaudado por concepto de impuesto sobre la renta, y otra de la Sala Constitucional que dice que el ligamen de los recursos es vinculante únicamente cuando tiene extracto constitucional o gasto social.
“En este sentido de la conjunción de esas dos sentencias nos viene una preocupación la cual externamos. Vivimos en un Estado de Derecho en el que hay que respetar las resoluciones judiciales”, declaró Mora.
Sin embargo, el funcionario afirmó que el Gobierno es respetuoso de la separación de poderes y de la capacidad que tienen los diputados de presentar mociones al proyecto de presupuesto.
Consultado al respecto, el diputado Otto Guevara del Movimiento Libertario defendió la propuesta de recorte. “Sí, así es. Efectivamente se estaría incumpliendo”, respondió.
De acuerdo con el legislador, el Poder Ejecutivo cumplió con presupuestar los recursos para el PANI, sin embargo la Asamblea Legislativa al ser “soberana” tiene la potestad para redistribuir esos recursos a otras áreas prioritarias como lo es Seguridad Ciudadana. Además, sustentan la propuesta en que el PANI tiene un largo historial de subejecución presupuestaria.
“Tenés a una institución que reiteradamente subejecuta. ¿Entonces cómo le vamos a pasar a esta institución otros 50.000 millones? Van a correr a inventarse puestos y gastar la plata para que no se la quitemos a futuro. Nosotros tomando en cuenta las limitaciones presupuestarias tomamos la decisión de no trasladar esos recursos al PANI”, manifestó el diputado.
Según Guevara, también se está incumpliendo el mandato constitucional de presupuestar el 8% del Producto Interno Bruto (PIB) para educación pública y la norma de la Ley de Presupuestos Públicos que dicta que el gasto corriente no puede financiarse con deuda, lo cual ocurre con esta propuesta de presupuesto para 2017.
“A los diputados no se les puede sancionar. ¿A quién vas a acusar y de qué? Tendrías que levantarle el fuero a todos los diputados por aprobar una Ley que no cumple con una sentencia. La Ley de Presupuesto solo tiene vigencia de un año, no hay control de constitucionalidad sobre la Ley de Presupuesto y por eso tomamos la decisión de recortar esos recursos al PANI”, concluyó.
