San José, 11 set (elmundo.cr) –Los jerarcas del Ministerio de Seguridad Pública, el Comando de Atención de la Emergencia (CAE, del Ministerio de Justicia y Paz), la Comisión de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), el Ministerio de la Presidencia, así como la Dirección de Policía Penitenciaria, presentaron ante las autoridades judiciales cinco coadyuvancias en busca del levantamiento de la prohibición de uso del gimnasio de la Unidad de Atención Institucional (UAI) Reinaldo Villalobos como un centro para el aislamiento de personas provenientes de celdas judiciales.
Por esta situación y ante un potencial colapso del sistema penitenciario, los jerarcas expusieron la urgencia de la habilitación de esa instalación deportiva, situada en San Rafael de Alajuela, para el aislamiento temporal de las personas que llegan de celdas judiciales antes de ser ubicadas en los centros penales correspondientes, según la modalidad y espacio con que se cuenta.
Las acciones fueron presentadas como apoyo al recurso de hábeas corpus interpuesto por el Ministerio de Justicia y Paz y el Ministerio de Salud dentro del expediente N° 21-017649-0007-CO.
El cierre de centros penitenciarios por orden de los juzgados de ejecución de la pena, las órdenes sanitarias al detectarse casos por COVID-19 y la necesidad de someter a las personas a períodos de aislamiento cuando provienen del exterior de un centro penal han ralentizado el ingreso de personas privadas de libertad al sistema penitenciario nacional.
Con el fin de atender las disposiciones de distintos entes y dar la mejor atención a la población, el Ministerio de Justicia y Paz ha identificado, modificado y habilitado espacios de aislamiento en diferentes centros, sin embargo, diversas órdenes judiciales han impedido su uso.
Michael Soto, ministro de Seguridad Pública, mostró su preocupación por la seguridad ciudadana a partir de esta situación. “Dicha decisión generaría que, posiblemente, se tenga que poner en libertad a las personas que se detienen por la comisión de diferentes delitos o condenadas por los diferentes Tribunales de Justicia de este país, ya que no van a poder ser admitidas en los centros penitenciarios”, fundamentó el titular de Seguridad.
Por su parte, el Ministerio de la Presidencia introdujo su acción “ante la necesidad de asegurar el orden público y la salud pública”. Además explicó que sostener la decisión judicial actual “conllevaría la imposibilidad de continuar con la admisión de personas en los centros penitenciarios, quienes son detenidos diariamente y trasladados a dichos lugares con medidas cautelares preventivas; en igual sentido ocurriría con las personas condenadas por la comisión de delitos por las diferentes autoridades penales cada día”.
La orden vigente ha generado condiciones en el sistema que colocan a la Policía Penitenciaria en una “situación compleja, ya que habiendo previsto y planificado el sistema penitenciario los espacios por utilizar y, por ende, las condiciones de los servidores policiales que se desplazarían a estos espacios a cumplir su deber, el impedirse el uso de dichos espacios conlleva, entre otros aspectos, el desplazamiento de servidores policiales a diferentes lugares del país en condiciones que no siempre son las idóneas a nivel operativo”, comentó la Directora General de la Policía Penitenciaria, Comisionada Daisy Matamoros Zúñiga.
La identificación, modificación y habilitación de espacios de aislamiento ha permitido mantener el número de contagios en cifras mínimas. Por ejemplo, este viernes se registraban tan solo 27 casos activos, al mismo tiempo que el país vive uno de los momentos de mayor contagio desde el inicio de la pandemia.
Las autoridades advirtieron que el aislamiento, previsto en el Lineamiento para la Atención de la Emergencia Sanitaria por la Pandemia, ha sido un arma fundamental no solo para contener la posibilidad de contagios masivos en el sistema penitenciario, sino también, el potencial impacto que esto tendría en el sistema de salud del país, que experimenta actualmente niveles de saturación alarmantes.
La misma Sala Constitucional confirmó, en un fallo anterior, que el uso del gimnasio para esos fines no afecta a la población penitenciaria de la UAI y que responde al cumplimiento de protocolos sanitarios por la pandemia.
Las autoridades coincidieron en la urgencia de contar con la habilitación de espacios de aislamiento para evitar un serio problema de gestión carcelaria en el país en las próximas semanas.
