San José, 8 set (elmundo.cr) – El Instituto Nacional de Seguros (INS) presentó una denuncia en el Tribunal Contencioso Administrativo (TCA), contra la potestad que tiene el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica de fijar el tarifario médico.
Según un comunicado de prensa enviado por la institución la mañana de este jueves, el INS presentó una solicitud de medidas cautelares ante el Tribunal, con el fin de que se mantenga la suspensión de la aplicación del nuevo tarifario hasta que se realice el juicio.
Elian Villegas Valverde, presidente ejecutivo del INS manifestó que la institución busca proteger a los usuarios de servicios médicos privados, ya que con el nuevo tarifario se verían obligados a pagar honorarios desproporcionados.
El Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica informó ayer que aplazó por tres meses más la entrada en vigencia del nuevo tarifario. La fecha inicial en la que entraría en vigencia era ese 18 de setiembre.
“Esta solicitud es accesoria y previa al juicio principal, en el que el INS solicitará la nulidad del artículo 78 del Código de Ética Médica del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, y de todo el tarifario médico”, reseñó el INS en su comunicado de prensa.
El INS ha manifestado que el nuevo tarifario médico incide directamente en el costo de los siniestros, incrementando el pago que debe realizar el INS, y por tanto redundará en un importante incremento en el costo o prima de los seguros.
“El tarifario vendría a afectar varios seguros, en los cuales el INS ofrece cobertura de prestaciones médicas sanitarias, en cuenta los dos regímenes obligatorios como son el Seguro Obligatorio Automotor (SOA) y el Seguro de Riesgos del Trabajo”, advirtió la institución.
Asimismo, Villegas Valverde dijo que lo importante que se debe tomar en cuenta, es que un sector de la población que hoy accede a la medicina privada o cuenta con pólizas de seguro, no podrá seguir pagando estos dos servicios y acudirá ahora a las Clínicas y Hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social, lo cual agravaría la situación de la CCSS respecto a la saturación de sus servicios, e impactaría el acceso a la salud para los sectores más pobres de la sociedad.
