San José, 29 jun (elmundo.cr) – Con el objetivo de fortalecer la transparencia y la confianza ciudadana en la administración de justicia, la diputada del Partido Pueblo Soberano (PPSO), María Isabel Camareno, presentó el expediente 25.632, que busca impedir que los magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia ejerzan como abogados o notarios en asuntos que deban ser conocidos por la Sala para la cual fueron nombrados.
La iniciativa pretende cerrar un vacío legal que, en la actualidad, permite que magistrados suplentes litiguen o ejerzan el notariado en casos que podrían ser resueltos por la misma Sala donde ostentan su nombramiento, una situación que, según la proponente, genera un riesgo latente de conflicto de interés.
“No podemos permitir que existan dudas sobre la imparcialidad de quienes administran justicia. Este proyecto cierra portillos, evita conflictos de interés y fortalece la transparencia del Poder Judicial. Los costarricenses merecen jueces en quienes puedan confiar”, afirmó Camareno.
El proyecto propone una reforma integral a los artículos 62 y 63 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Entre los cambios principales, se establece la prohibición de ejercer la abogacía o el notariado en asuntos relacionados con su Sala durante el tiempo de su nombramiento y hasta un año después de su cese. Asimismo, se prohíbe explícitamente el uso de la condición de magistrado suplente para promocionar servicios profesionales o captar clientela.
Otro punto clave de la propuesta es la eliminación de la disposición actual que permite a los magistrados suplentes continuar con su ejercicio profesional si su nombramiento es inferior a tres meses.
Con la nueva redacción, la suspensión del ejercicio profesional será inmediata cada vez que una persona sea llamada a integrar temporalmente la Corte y se mantendrá durante todo el período en que desempeñe dicha función.
Esta iniciativa se suma a los esfuerzos legislativos por robustecer los mecanismos de control ético dentro del Poder Judicial, buscando garantizar que la función pública sea ejercida bajo estándares de imparcialidad absoluta.
