San José, 8 ago (elmundo.cr) – El Juzgado Penal de Bocas del Toro en Panamá iniciará, este jueves, el juicio contra dos personas acusadas de haber vendido terrenos protegidos a una sociedad ligada al candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), Antonio Álvarez Desanti.
Se trata de Andino Archibold, exalcalde de Kusapín y Feliciano Baker, quien vendió dos fincas a la sociedad Desarrollo Ecoturístico Cañaveral S.A. (Decsa), propiedad del liberacionista.
La Fiscalía acusó a ambos indiciados de estafa, falsedad ideológica y uso de documentos falso, al considerar que Baker mintió ante el Registro Público de Panamá, al manifestar que vendió las fincas a la sociedad de Álvarez Desanti en $60 mil (34,8 millones de colones) y $12 mil (6,46 millones de colones) aunque los investigadores hallaron una cuenta a su nombre, en el Banco Nacional de Panamá, con un pago de $250 mil (145 millones de colones).
Según una transcripción de la audiencia preliminar, hecha pública este martes por el diario La Prensa de Panamá, el Ministerio Público de ese país afirmó que el Banco Nacional de Panamá confirmó que Feliciano Baker abrió una cuenta en esa entidad, debido a la venta de la finca número 949 a la sociedad Decsa.
Según el Registro Público, el traspaso de las dos fincas a Decsa se hizo por $72 mil (41,7 millones de colones), por lo que la Fiscalía determinó que los dos acusados presuntamente engañaron a las autoridades, para poder lograr un beneficio, ya que la cantidad de dinero en las cuentas bancarias no concuerda con la reportada por la venta en el Registro Público.
De acuerdo con la reseña que hizo La Prensa, el acusado de apellido Baker se hizo dueño de 198,6 hectáreas de dos fincas en un “trámite veloz”, mediante el uso de procesos de prescripción adquisitiva de las fincas que pertenecían a terceros.
Así, según el diario, en marzo del año 2010 Baker entabló la demanda y cuatro meses después obtuvo una sentencia a su favor. Sin embargo, antes de haber sido declarado dueño de esas fincas, en abril del 2010, el sujeto dio en venta las tierras a la sociedad del candidato presidencial del PLN.
La polémica rodea el caso, pues en el año 2004 el sitio donde se ubican las fincas fue declarado “Área Protegida Nacional” y se le bautizó como el Humedal Damani Guariviara. Por ello, la adquisición de tierras por parte de la sociedad de Álvarez fue declarada nula por parte de las autoridades.
Debido a esa declaratoria Antonio Álvarez entabló una demanda contra el Estado de Panamá, reclamando 100 millones de dólares en en Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), perteneciente al Banco Mundial.
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