San José, 22 oct (elmundo.cr) – Un informe forense revela que la denuncia por el caso barrenador se basó en un informe técnicamente erróneo emanado del Área de Contabilidad de Costos de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
El informe, al que ahora tienen acceso los diputados de la Comisión especial que investiga eventuales irregularidades en la Caja, servirá de insumo de cara a la redacción de informes del foro, que en las últimas semanas ha visto como se debilita la tesis de la Fiscalía.
El informe es producto de un análisis forense que estudió la documentación referente “a la licitación pública 2023-LY-000002-0001101142 cotización ofrecida por COOPESALUD R.L., estudios de razonabilidad de precios, comparación de tablas sobre montos cotizados y montos referidos por la C.C.S.S.. así como los cálculos reales y ficticios detallados por el área de contabilidad de costos de la C.C.S.S.”.
En el mismo se aprecian omisiones y errores aritméticos, en operaciones tan sencillas como sumas y restas donde los funcionarios del Área de Contabilidad de Costos de la Caja omitieron los ahorros que significaban las cotizaciones de las cooperativas de Salud.
A la fecha, el Ministerio Público ha evitado realizar un análisis forense contable, que vendría a poner en evidencia los errores señalados en el informe que ahora tienen los diputados.
A la fecha, los miembros del Área de Contabilidad de Costos han rehuido a explicar por qué si las diferencias de precios ponen en evidencia un ahorro global que alcanzaría los ¢18mil millones en los diez años que duraría el contrato, insistieron en comparar línea por línea en busca de diferencias que sustentaran un supuesto sobreprecio.
Esto por cuanto los lineamientos de la propia Contraloría General de la República y la legislación actual establecen que las contrataciones con el Estado deben analizarse por precio global a la hora de comparar costos, y no línea por línea, buscando descarrilar procesos de contratación.
Ante la nueva evidencia, el diputado oficialista Daniel Vargas, recalcó que el “tema de barrenador se ha caído por su propio peso”, y auguró que no llegará a buen puerto.
La Comisión legislativa trabaja en paralelo al Ministerio Público, que a la fecha busca establecer una relación delictiva pese a que los números de su queja, sencillamente no concuerdan con sobreprecios, tal y como lo han señalado sindicalistas y funcionarios aislados de la Contraloría y la Fiscalía.
