San José, 24 feb (elmundo.cr) – Este martes, la Comisión Especial que investiga las supuestas irregularidades en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) emitió un informe de mayoría que entierra el denominado “caso Barrenador” y por el contrario, consolida señalamientos sobre una supuesta manipulación de datos para construir el caso.
El informe, respaldado por un bloque de cuatro legisladores, descarta formalmente las anomalías denunciadas y concluye que la licitación N°2023LY-0000002-0001101142 se realizó bajo parámetros de razonabilidad técnica y legal.
El informe de mayoría fue suscrito por legisladores del PUSC, Nueva República, el oficialismo y el independiente Luis Diego Vargas, quienes coincidieron en que el caso carece de sustento real y recomendaron su archivo.
Marta Carballo, del PUSC, enfatizó en la solvencia técnica del modelo cooperativo y cuestionó la ligereza con la que se plantearon las denuncias originales, señalando que la evidencia de ahorro para el Estado es contundente y verificable.
Olga Morera, de Nueva República, destacó que el informe de mayoría corrige una narrativa de irregularidades que nunca fue probada. Resaltó la importancia de la seguridad jurídica para los proveedores del Estado que cumplen con altos estándares de calidad.
Para el oficialista Daniel Vargas, el caso fue un montaje mediático y judicial basado en datos manipulados por sectores con intereses particulares. Defendió que el Ministerio Público actuó sobre informes de costos que contenían errores deliberados.
Por su parte, el legislador Luis Diego Vargas aseveró que, tras el análisis documental exhaustivo, no existe evidencia de perjuicio económico para la Caja, instando a que se respete la eficiencia técnica demostrada por las administradoras de las áreas de salud.
Contraste con el PLN y el FA
Por el contrario, los diputados de las bancadas del PLN y FA, que no suscribieron este informe, mantienen sus dudas alineándose a las tesis iniciales de la Contraloría General de la República (CGR). Sin embargo, el bloque de mayoría prevaleció al concluir que las denuncias de sindicatos y entes de control carecieron de una metodología estandarizada y se basaron en insumos técnicos inconsistentes.
El informe recomienda el archivo de las investigaciones legislativas, señalando que el sustento técnico utilizado para los allanamientos y procesos penales presenta debilidades insalvables.
El objetivo primordial ahora, según los diputados firmantes, debe ser garantizar la atención de salud de los 560.000 asegurados adscritos a estas áreas, eliminando la incertidumbre jurídica que ha rodeado al modelo de cooperación.
Con datos en mano, cooperativas le dieron vuelta al caso
Durante las audiencias, los jerarcas de las cooperativas aportaron pruebas técnicas determinantes que desvirtuaron las acusaciones iniciales:
Luis Beirute Cortés de Coopesana R.L, señaló que las ofertas se ajustaron estrictamente al cartel y que los costos reflejan mejoras reales en el servicio, tales como jornadas vespertinas, sustitución total de personal ausente y servicios de ambulancia 24/7. “Estos cambios responden a una mejora en la calidad del servicio público y no a un sobrecosto”, indicó.
El Dr.. Alberto Ferrero Aymerich, gerente de Coopesalud R.L. Denunció que tres funcionarios de la CCSS modificaron cuadros técnicos para ocultar ahorros y simular sobreprecios. Según Ferrero, esta manipulación de datos indujo a error a las autoridades judiciales y fue el origen de procesos penales injustificados.
