San José, 4 feb (elmundo.cr) – La Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), aseguró que como miembro de Uccaep, apoya junto con otras organizaciones sectoriales, el pronunciamiento remitido al Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo para solicitar un periodo máximo de un mes, para brindar aportes que mejoren los proyectos de ley que se están discutiendo en la Asamblea Legislativa asociados al acuerdo con el FMI.
Enrique Egloff, presidente de la CICR, aseveró que es necesario establecer un acuerdo razonable con el FMI para hacerle frente a la delicada situación fiscal del país.
Sin embargo, Egloff resaltó que deben corregirse algunos aspectos de los proyectos de ley que hoy son parte de las negociaciones con dicho organismo internacional, estimamos fundamental que estos sean consistentes con la reactivación económica y no existan problemas de constitucionalidad que afecten dicho acuerdo.
Los industriales aseguran que se debe hacer una pausa no mayor de 30 días, de manera que se puedan hacer mejoras en los principales proyectos de ley, como la Ley Marco de Empleo Público (expediente 21.336), Ley de Reducción de Beneficios Fiscales y Ajuste de Tarifas en Rentas del Capital para Fortalecer el Sistema Fiscal (expediente 22.369) y Renta Global Dual (expediente 22.383).
Además, indicaron que todas las partes deben hacer un esfuerzo, en el contexto de nuestra realidad y la difícil situación, para lograr la mejor forma de cumplir con el FMI, enfatizaron los industriales.
Por lo cual, la Cámara apoya el documento remitido por varias organizaciones, para corregir dichos proyectos y lograr acuerdos que permitan la viabilidad en la aprobación en la Asamblea Legislativa, sentenció Egloff.
Finalmente aseveró que “creemos en el poder del diálogo como el mecanismo adecuado para sacar a Costa Rica adelante y de manera conjunta diseñar y concretar una agenda nacional de reactivación económica que garantice el bienestar de los costarricenses, con apego a la Constitución Política. Hemos señalado que se deben impulsar acciones que incentiven la inversión y el crecimiento económico para la generación de empleo, que se respete la seguridad jurídica del país y que no haya vicios de inconstitucionalidad que podrían afectar el cumplimiento del acuerdo con el FMI”.
