San José, 19 oct (elmundo.cr) – En el 2024, Costa Rica se convirtió en un país con restricción en la libertad de expresión y de prensa, ubicándose en el puesto diez con un total de 55,23 puntos, según el Índice de Chapultepec de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) correspondiente a 2024.
Esta variación supone una desmejora de tres peldaños respecto a la evaluación realizada en 2023, y de cinco respecto a 2022, lo que
demuestra un deterioro acelerado en la protección de la libertad de expresión y prensa.
El informe señala que en este periodo, la dimensión más afectada fue Ciudadanía Informada y Libre de Expresarse que, para el periodo comprendido entre el 2 de agosto de 2023 a 1 de agosto de 2024, se convirtió en una dimensión con alta restricción.
Uno de los factores que afectó la caída en el Índice, respecto al del 2023, fue el incremento de los ataques verbales, físicos y digitales contra periodistas y medios de comunicación, utilizando troles para influenciar el panorama mediático del país, el debate político y, en definitiva, el debate democrático costarricense.
El entorno ejecutivo fue el que tuvo una mayor incidencia en el resultado obtenido por Costa Rica, teniendo una influencia general desfavorable para el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa (puntaje de 4,25).
A pesar de que la incidencia moderada se mantiene desde 2023, la dimensión Ciudadanía Informada y Libre de Expresarse fue la más impactada por las actividades del Poder Ejecutivo. De hecho, el Índice demuestra que ejerció una influencia fuerte, con un puntaje de 6,10 sobre diez, en esa dimensión.
En cuanto a la Violencia contra Periodistas y el Control de Medios, el entorno ejecutivo tuvo una influencia moderada en estas dimensiones, con 3,76 puntos y 2,90 puntos, respectivamente.
El informe recalca cierto nivel de inacción por parte de la Asamblea Legislativa en cuanto a la revisión del marco regulatorio que no favorece la creación de un espacio mediático plural.
Dan como ejemplo el proyecto del diputado del Liberal Progresista, Gilberto Campos Cruz, para eliminar las penas de prisión por injurias o calumnias cometidas por periodistas y medios de prensa, que a septiembre de 2024 sigue pendiente de aprobación.
Con respecto a la pauta estatal hace hincapié en que: “La colocación de recursos públicos no debe usarse como una herramienta de control de los medios de comunicación ni como un premio para aquellos que favorecen la imagen del Poder Ejecutivo, sino que debe valerse de criterios técnicos que le permitan a la administración pública lograr los objetivos comunicacionales previamente establecidos”.
