San José, 9 nov (elmundo.cr) – El Instituto de Desarrollo Rural (Inder), aclaró que los nombramientos que se han dado en la institución respetan el marco de legalidad.
Esto luego de que medios de comunicación indicaran que en el Inder se llevaron a cabo nombramientos “a dedo”, sin embargo, la institución asegura que las supuestas irregularidades carecen de asidero legal y técnico.
“Se trata más bien de decisiones que se han debido tomar para garantizar la estabilidad laboral y jurídica de la población institucional, siempre respetando el marco de legalidad”, sostienen.
Inder explicó que 176 de los casos en mención corresponden a prórrogas de nombramientos interinos que deben realizarse cada seis meses, en vista de que el proceso de reorganización institucional del Inder no ha culminado. “A pesar de que ya han pasado 10 años desde la aprobación de la Ley 9036 que así lo ordenaba”.
Además, indican que “la seguridad jurídica-laboral de las y los funcionarios del Inder es precaria. La actual administración se encontró un desorden administrativo en el tema de Capital Humano heredado de administraciones pasadas, por lo cual ha sido necesario tomar las acciones y decisiones correspondientes”.
“Uno de los principales problemas hallados es el interinato, pues el 40% de la población se encuentra en esa condición”, manifestaron.
Lo anterior, a pesar de la Resolución No. 2021005033 de la Sala Constitucional, del 12 de marzo del 2021, hace un año y ocho meses, en la que se le ordenó al Inder culminar con el proceso de reorganización administrativa integral.
Según la institución “todos y cada uno de los nombramientos realizados por la actual administración del Inder, cuentan con sus respectivos expedientes, están a derecho y en resguardo de Capital Humano, instancia que ha certificado su legalidad, incluyendo los nombramientos de puestos de confianza que son de libre remoción”.
“En vista de las graves situaciones que existen en materia de recurso humano del Inder, la actual administración se encuentra resolviendo, de forma legal y exhaustiva, toda esa problemática para garantizar los derechos de la población institucional y lo está haciendo tomando las decisiones que así lo ameritan”, concluyen.
