San José, 22 mar (elmundo.cr) – El diputado Dragos Dolanescu se refirió a la moción 2 al expediente 21336, Ley Marco Empleo Público, asegurando que “la independencia judicial es un estándar de capital importancia en cualquier democracia moderna. En nuestro país, esa independencia está garantizada por nuestra Constitución Política en los artículos 9, 152, 154, 167 y 177, y respaldada por regulaciones de derechos a nivel regional e internacional”.
“No podemos cerrar los ojos a la suerte que han corrido naciones como Ecuador, Bolivia, Venezuela o Nicaragua, donde adrede se ha interferido con la independencia de la judicatura en beneficio del poder político”, agregó.
El diputado señaló que “la Federación Latinoamericana de Fiscales emitió en un comunicado su preocupación ante la reiterada pretensión de algunos poderes políticos de la región de menoscabar la independencia e imparcialidad de los operadores de justicia, conformando proyectos legislativos que desconocen que la independencia judicial”.
“Y pese a todas las advertencias que escuchamos, y pese a todas las malas experiencias observadas en los países que han socavado la independencia de sus poderes judiciales, nosotros en nuestro país estamos tomando ese oscuro camino”, añadió.
Dolanescu indicó que “este proyecto de empleo público es miope en cuanto a su conceptualización para arreglar un problema de fondo en las deficitarias finanzas públicas de nuestro país”, también afirmó que no es el único diputado que tiene esta opinión, sino que varios de sus compañeros “han manifestado sus dudas sobre el proyecto, así como representantes de sectores y expertos en economía”.
El legislador manifestó que uno de los grandes fallos de este proyecto “es que pretende darle la rectoría del empleo para el estado al Mideplan y esto abriría las puertas a una situación donde el criterio de selección y contratación del personal, evaluación de desempeño, otorgamiento de plazas, sanciones y despidos se volvería más un asunto del capricho del gobernante de turno y no tanto por criterios técnicos”.
“Este es solo uno de los aspectos en donde el proyecto debilitaría la independencia del Poder Judicial. El Mideplan se convertirá entonces en el collar de ahorque del desempeño en el aparato estatal, dictando las políticas de empleo por encima de lo que diga la Constitución”, aseveró.
Asimismo, el diputado explicó que el relator especial de Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados, Diego García-Sayán, “ha manifestado su preocupación sobre este proyecto de empleo público que discutimos aquí” señalando “su preocupación por la propuesta contenida en el proyecto de empleo público recordándole a la administración Alvarado algunos estándares internacionales que se aplican en casos como este para garantizar la independencia de la judicatura. El relator apunta que la independencia del Poder Judicial debe ser garantizada por el Estado y proclamada por la Constitución de cada país, y todas las instituciones gubernamentales y de otra índole respetarán y acatarán esta condición”.
“El fin de lograr esta independencia es para que todos los Estados garanticen la independencia de los jueces y abogados y la objetividad e imparcialidad de los fiscales, así como su capacidad para desempeñar debidamente su cometido, mediante, entre otras cosas, la adopción de medidas efectivas de orden legislativo, policial o de otra índole, según proceda, para que puedan desempeñar sus funciones profesionales sin ningún tipo de injerencia, acoso, amenazas o intimidación”, comentó.
Dolanescu expuso que en el 2018 la organización Human Rights Watch “recomendó a las autoridades en Ecuador iniciar una investigación exhaustiva e imparcial debido a denuncias creíbles de injerencia política en poder judicial en ese país y en Bolivia, la abogada Erika Rivera “ha lamentado la falta de independencia del órgano judicial, con “giros en torno a los contextos de la política boliviana” que no garantizan el Estado de Derecho, ni la credibilidad del Poder Judicial.
De igual forma, dijo que en Venezuela, la jurista Blanca Mármol de León “reconoció que la administración de justicia en el país petrolero ya era señalada como corrupta e ineficiente, pero alertó que el Gobierno de Chávez la ha debilitado aún más”.
Para Dolanescu “es responsabilidad de las democracias modernas garantizar la independencia de los jueces y abogados y la objetividad e imparcialidad de los fiscales, así como su capacidad para desempeñar debidamente su cometido para que puedan desempeñar sus funciones profesionales sin ningún tipo de injerencia, acoso, amenazas o intimidación”.
“Sin embargo, con este proyecto de empleo público lamentablemente vamos contrarios a esa dirección”, concluyó.
