San José, 9 nov (elmundo.cr) – El Instituto Nacional de la Mujer (Inamu) señaló que en nuestro país existen 189.927 expedientes de pensiones alimentarias activos, con un monto promedio de apenas 102.671 colones por caso, no por persona beneficiaria, esto de acuerdo con datos del Observatorio de Género del Poder Judicial.
Asimismo, la institución indicó que a esa realidad, se suma la evidencia que arroja la Encuesta de Mujeres, Niñez y Adolescencia (EMNA) de 2018 y del Observatorio de Género del Poder Judicial que indican que las mujeres son quienes históricamente quedan a cargo de las personas menores de edad, adultas mayores y personas con discapacidad, lo que constituye una sobrecarga no solo del cuido, sino económica a las mujeres.
Para el Inamu, esa realidad nacional no se refleja en el proyecto de ley 21.702 que se tramita actualmente en la Asamblea Legislativa y prevé que las mujeres deban demostrar los gastos en que incurren para sus hijas e hijos con la pensión alimentaria que reciban, a pesar los bajos montos que se fijan.
También, destacan que en Costa Rica, es frecuente que los alimentos se compren en pulperías u otros comercios que, dada su naturaleza tributaria de régimen simplificado, no tienen el deber de emitir factura, lo cual complejiza aún más este trámite que pretende el proyecto. Además, el ordenamiento jurídico ya tiene vías para judicializar la situación en caso de que el dinero de la pensión alimentaria no esté siendo bien utilizado.
El Inamu destaca que si bien, el Estado debe garantizar el derecho de miles de niñas, niños, personas adultas mayores y personas con discapacidad a contar con alimentos, mediante una pensión alimentaria, es necesario que las medidas que se adopten no vayan en detrimento de los derechos de las mujeres y generen mayor sobrecarga o violencia patrimonial.
Adicionalmente, para la institución es preciso indicar que la aprobación de este proyecto de ley implicaría una mayor carga de trabajo para los juzgados de pensiones alimentarias que con todo esfuerzo tratan de tramitar casi 200 mil expedientes activos en todo el país.
Debido a esto, desde el Inamu “hacemos un llamado a las personas diputadas para que no se apruebe el proyecto de ley 21.702 y se valore la posibilidad de aprobar otras alternativas más idóneas para resguardar el derecho de las personas menores de edad, adultas mayores o con discapacidad, sin ir en detrimento de los derechos de las mujeres”.
