San José, 29 feb (elmundo.cr) – Este sábado se dio un batalla de comunicados de prensa y comentarios en redes sociales entre el IMAS y la Defensoría de los Habitantes sobre el informe de este último órgano referente al escándalo de la UPAD.
En el informe de la Defensoría de los Habitantes sobre la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, se indicó que los encargados de esta oficina presidencial tuvieron acceso a datos sensibles de los ciudadanos a partir del IMAS.
En este sentido, Juan Luis Bermúdez presidente ejecutivo de la institución, acusó de falsas las conclusiones la Defensora de la Habitantes, Catalina Crespo, indicado que “el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE) contiene información relacionada con el Estado de salud y enfermedades de las personas”.
“Como Presidente Ejecutivo del IMAS y Ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social, debo aclarar informaciones inexactas, inconsistentes, que expresó la señora Catalina Crespo, Defensora de los Habitantes, en conferencia de prensa del 28 de febrero de 2020, refiriéndose al Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE)”.
“El accionar de este Sistema está amparado en su ley de creación, Nº. 9137, y su reglamento, así como en los principios sobre el tratamiento de datos personales de la Ley Nº. 8968 de Protección de la Persona Frente al Uso de sus Datos Personales”, agregó el funcionario.
Y continúa “De acuerdo con su ley de creación, del Sistema forman parte todas las instituciones del Estado que se dediquen a la ejecución de programas sociales. Asimismo, el SINIRUBE, mediante convenios que formalizan y aseguran la protección de la información, puede establecer relaciones de coordinación interinstitucional con las dependencias del Estado que generen información relativa a las políticas públicas en procura de mejorar la vida de la población beneficiaria, principalmente la que más lo necesita”.
Bermúdez insiste en que “el convenio de cooperación entre el SINIRUBE, el Instituto Mixto de Ayuda Social y la Caja Costarricense de Seguro Social del 20 de enero de 2017 establece claramente que ni el IMAS ni SINIRUBE tienen acceso a la información vinculada con el estado de salud de las personas, por lo que tal afirmación de la Defensoría de los Habitantes es imprudente porque genera zozobra, incertidumbre y malestar en la población, sin fundamento alguno, y pone en riesgo la confianza en la institucionalidad del Estado Social de Derecho y sus herramientas más valiosas”.
“La inexactitud de una entidad como la Defensoría de los Habitantes y falta de conocimiento, teniendo ella la investidura que tiene, socava la credibilidad de la institución que representa y atenta contra la institucionalidad democrática. Ante ello, queda cuestionarse ¿quién nos defiende de una Defensoría poco informada?”, agregó el presidente ejecutivo del IMAS.
Defensoría de los Habitantes responde
Por su parte la Defensoría por medio de un comunicado publicado la noche de este sábado insiste en que “Los datos socioeconómicos de una persona contenidos en SINIRUBE son datos sensibles”.
Ante un comunicado emitido esta tarde por el Presidente Ejecutivo del IMAS, la Defensoría de los Habitantes informa:
El informe de la Defensoría de los Habitantes sobre la investigación de la unidad de análisis conocido como UPAD está plenamente acreditado técnico y jurídicamente. Cada una de los hallazgos detectados en el informe trasladado a la Fiscalía General de la República tiene sustento en un proceso de investigación que incluye documentos, actas, audio y otros material de interés para el trabajo técnico y legal realizado.
Es importante señalar que en ningún momento la Defensoría de los Habitantes cuestionó el valor que representa el Sinirube ni el trabajo del IMAS con el tema, sino la investigación de basó, entre otros aspectos, que el equipo de análisis de Casa Presidencial sí tuvo acceso a datos sensibles de Sinirube como son los datos sobre la condición socioeconómica de las personas.
En ningún momento mencionamos en la investigación ni públicamente la plataforma EDUS, la cual no consta de ninguna manera que se haya accedido ni tampoco a plataformas de datos de índole financiero.
Pero sí la Defensoría de los Habitantes reafirma con contundencia que el equipo de análisis sí tuvo acceso a datos sensibles a través de Sinirube. Fue posible ya que en fecha 18 de marzo 2019, se suscribió Convenio Marco de Cooperación entre el Ministro de la Presidencia, y la Dirección Ejecutiva del SINIRUBE, aprobado por el Consejo Rector del SINIRUBE, mediante Acuerdo firme número 09-2019 tomado en Sesión Ordinaria Número 01-2019; Artículo décimo cuarto, celebrada el día 14 de febrero del 2019.
Lo que preocupa a la Defensoría y así se consignó en el informe es que debió verificarse, tanto por parte del SINIRUBE como posteriormente por parte de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes, que existieran los protocolos de seguridad necesarios para su eventual uso, no solo la firma del convenio y la confidencialidad, sino revisar la operatividad. Ahora le corresponde a la Fiscalía de la República como lo indicamos con claridad analizar pericialmente si se usaron o no.
Incluso el Coordinador del Equipo de Análisis de Datos de Casa Presidencial indicó a esta Defensoría durante la sesión de trabajo que existen al menos dos conexiones directas a bases de datos:
– Con el SICOP se cuenta con una conexión de Puerto punto a punto VPN (Red privada virtual)
– Con el SINIRUBE se cuenta con una conexión VPN, para lo cual se suscribió dicho Convenio.
Ahora bien ante una pregunta de un periodista en la Conferencia de Prensa sobre los datos sensibles, la institución se refirió a aquellos datos socioeconómicos de SINIRUBE, que son datos sensible. El hecho de haber mencionado la Defensora en esa misma respuesta también los términos enfermedades o salud nunca se refirió a expediente o información médica como tal, sino aquella que la CCSS y el IMAS se pueden llegar a interrelacionar en aras de determinar la condición socioeconómica de una persona.
La Defensoría reitera nuevamente la colaboración a las autoridades judiciales.
