San José, 06 feb (elmundo.cr) – Según un estudio revelado de acuerdo a las denuncias recibidas por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) al año, en las primeras 100 páginas del análisis, sólo un 7% son tramitadas por la Contraloría de Servicios.
Mientras que el grueso de las inconformidades que reciben, es decir, el 93% las atiende el departamento de Telecomunicaciones.
Ante tal situación las gerencias de Electricidad y Telecomunicaciones asumieron las funciones de la Contraloría de Servicios Institucional, en cumplimiento de un acuerdo del Consejo Directivo del ICE del 5 de diciembre anterior.
La decisión de la máxima autoridad del Instituto se basó en un estudio llevado a cabo por la División Corporativa Estrategia y Desarrollo de Negocios, denominado “Recomendación técnica sobre Reorganización de la Contraloría de Servicios Institucional a partir de los procesos asociados a su quehacer”.
En servicios eléctricos del Instituto, la relación fue de un 1% atendido por la Contraloría y un 99% por la Gerencia de Electricidad.
Con esta reorganización, se procura un mayor aprovechamiento de los recursos y de la satisfacción de los clientes por los servicios brindados.
Dentro del nuevo marco legal de apertura del mercado, la actividad comercial de las Telecomunicaciones es normada por leyes y reglamentos especiales, entre ellos el Reglamento al Régimen de Protección al Usuario Final y el Reglamento de Prestación y Calidad de los Servicios, que prevén el control y fiscalización por parte del Órgano Regulador (Sutel).
En el caso de los servicios eléctricos, la Ley N° 7593 de la ARESEP describe el proceso general de gestión de reclamaciones, y la gerencia de Electricidad del ICE debe entregar semestralmente a este órgano informes sobre las quejas y denuncias recibidas, atendidas y pendientes.
Aprovechando su experiencia, la mayor parte del personal que laboraba en la Contraloría de Servicios fue reubicada en áreas vinculadas con la gestión de clientes de ambas gerencias.
Adicionalmente, el ICE logrará una disminución en pago de alquiler y servicios asociados, que se estima en unos 50 millones de colones al año.
