CASO HIDROTÁRCOLES

ICE insiste en que no pagará al Banco Nacional por romper contrato con Hidrotárcoles

» El Nacional desmintió al Presidente Ejecutivo del ICE y dijo que el Banco invocará la cláusula que obliga a la empresa estatal a correr con la deuda del préstamo.

X (Twitter)
Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Carlos Obregón, presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Electricidad y Julieta Bejarano, directora jurídica del ICE, durante su interrogatorio ante la Comisión Especial de Créditos Bancarios de la Asamblea Legislativa, el 23 de enero del 2018. Foto: Luis Madrigal / El Mundo CR
Proyecto PH Capulín desarrollado por Hidrotárcoles.

San José, 24 ene (elmundo.cr) – El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y el Banco Nacional de Costa Rica entraron en un intercambio de dimes y diretes a raíz de la decisión de la empresa estatal de dar por resuelto el contrato para la construcción, operación y traspaso de la hidroeléctrica Capulín-San Pablo, a cargo de la empresa Hidrotárcoles.

Ayer, durante su interrogatorio en la Comisión Especial Investigadora de Créditos Bancarios de la Asamblea Legislativa, el presidente del ICE, Carlos Obregón, dijo bajo juramento que la institución no tendría que pagarle ni un cinco al Banco Nacional por haber tomado la decisión de resolver el contrato con Hidrotárcoles.

Sin embargo, un par de horas después de tal afirmación, el Banco emitió un comunicado de prensa en el que desmintió las declaraciones de Obregón y advirtió que el Nacional hará valer la cláusula contractual que obliga al ICE a honrar el 100% de la deuda.

“No comprendemos que un proyecto que fue declarado de interés público, vital para el ICE que incluso formó parte del Plan de Expansión de Generación Eléctrica del país, haya pasado por interpretaciones y contradicciones que lo llevaron al litigio actual que tiene el ICE con la empresa constructora”, señaló el Banco en un comunicado de prensa.

Su señalamiento es compartido por varios diputados, quienes sospechan que el Instituto Costarricense de Electricidad decidió deshacerse de Hidrotárcoles al, supuestamente, no necesitar los 50 Megavatios de potencia que generaría la planta, ya que el ICE sobreestimó la demanda de electricidad de Costa Rica para el 2017-2018.

Al comunicado del Nacional le siguió otra respuesta del ICE vía su oficina de prensa, donde indicaron que el contrato con Hidrotárcoles obliga al ICE a asumir ningún pago al contratista ni a sus acreedores.

“La cláusula del contrato aludida se refiere al supuesto de que, al momento de resolver el contrato, la etapa de la contratación arroje la existencia real de una planta ya construida y/o en operación. Además, a la luz del Contrato suscrito por ambas partes, se requiere una decisión expresa del ICE, en el sentido de estar de acuerdo en asumir el control de la planta (en operación). Ninguno de estos elementos se ha dado en el caso concreto de Hidrotárcoles. A la fecha, no se tiene una planta construida y/o en operación. Por el contrario, se está ante un proyecto con un avance aproximado de 47%”, afirmó la empresa estatal.

El caso de Hidrotárcoles es estudiado en la Comisión Especial Investigadora de Créditos Bancarios, debido a que el Banco Nacional autorizó un crédito por $117,5 millones para la construcción, operación y traslado (BOT, en Inglés) de una planta hidroeléctrica que generara 50 Megavatios de electricidad.

En el año 2009, el Gobierno declaró el Proyecto Hidroeléctrico Capulín-San Pablo como de interés público y conveniencia nacional.

El contrato para la hidroeléctrica fue firmado el 24 de abril de 2012 y la orden de inicio oficial de las obras se dio el 1 de agosto de 2012, por lo que, según el ICE, las obras debían estar concluidas el 1 de agosto del 2015.

Sin embargo, documentos en poder de EL MUNDO muestran que el ICE aceptó una prórroga al plazo de entrada de operación de la planta hidroeléctrica, cambiando la fecha al 1 de julio del 2017.

Uno de esos oficios lo suscribe el administrador del contrato por parte del ICE, Eduardo Bermúdez, quien dio por “cierto y actualizado” el cronograma de trabajo planteado por Hidrotárcoles, que incluía la nueva fecha de entrada en operación.

El diputado socialcristiano, Rafael Ortiz, afirmó durante el interrogatorio que el ICE había dado señales de que quería continuar con el proyecto, pues antes de decidir resolver el contrato suscribió un convenio para ayudar a Hidrotárcoles con las expropiaciones de fincas aledañas al proyecto.

Lo anterior fue ratificado por Julieta Bejarano, directora jurídica del ICE, quien dijo que en efecto tal convenio fue firmado por la institución.

El caso se está dirimiendo en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, donde Hidrotárcoles reclama una suma millonaria al ICE.