San José, 18 nov (elmundo.cr) – Una nueva empresa del Instituto Costarricense de Electricidad será la encargada de cobrar las facturas y deudas que tienen los clientes de la estatal con sus subsidiarias la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), RACSA, Cablevisión y el propio ICE.
Así lo acordó el Consejo Directivo del Grupo ICE el pasado 31 de octubre. Según un comunicado de la institución, la subsidiaria cuyo nombre no fue revelado, será 100% propiedad de la institución y se encargará de las gestiones de cobro administrativo y judicial.
“La medida pretende hacer la gestión más eficiente, reducir índices de morosidad, ordenar los incobrables y garantizar la confidencialidad de la información del ICE, Fuerza y Luz, RACSA y Cablevisión”, justificó la empresa estatal.
De acuerdo con Cristian Gould, director de Cobro Judicial del ICE, con este modelo la empresa quiere cambiar la cultura, agotando la vía administrativa mediante un centro de llamadas y negociación con clientes deudores, y que la gestión judicial sea la excepción.
“El personal actual de la División de Cobros Judiciales –doce funcionarios– pasarían a formar parte de la nueva empresa, pues se quiere aprovechar el conocimiento, la experticia y el manejo de las cuentas morosas y del entorno ICE que poseen”, indicó Gould.
Los funcionarios sin embargo, serán contratados bajo el régimen de salario global con comisiones, las cuales se les darán según su desempeño.
El ICE indicó que adoptó esta decisión luego de una auditoría externa efectuada por la empresa KPMG en mayo anterior, en la que se dio como recomendación valorar todos los casos pendientes de resolución en cobro administrativo, especialmente de telecomunicaciones, a fin de determinar “la conveniencia de mantener la gestión de cobro judicial o tercerizarla mediante alianzas con proveedores externos especializados en esas gestiones”.
Dicha auditoría estimó que las deudas en cobro administrativo, menores a los ¢200.000 colones seguían sin ser resueltas.
“A raíz de ese informe, la Gerencia de Administración y Finanzas hizo un análisis sobre la viabilidad financiera del proyecto de la nueva empresa, y concluyó que permitiría ahorros netos significativos para el Instituto. La propuesta fue aceptada finalmente por el Consejo Directivo”, dijo el ICE.
La empresa estatal estimó que para el año 2017 tendrá ordenados los casos judiciales interpuestos por deudas que superan los ¢200.000 colones, mientras que las deudas menores a ese monto per mayores a ¢50.000 colones se mantendrán en la vía administrativa a cargo de la nueva empresa.
