ICD urge aprobación de presupuesto extraordinario para utilizar ¢3.347 millones en lucha contra crimen organizado

San José, 17 abr (elmundo.cr) – El Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) urgió la aprobación del tercer presupuesto extraordinario, en aras de desentrabar y utilizar ¢3.347 millones ($6,6 millones) del caso conocido como Ecostate Consulting Group S.A., que involucró al expresidente peruano Alejandro Toledo, por el delito de lavado de dinero.

El proyecto de ley (expediente 24.257), fue presentado por el Ministerio de Hacienda el jueves de la semana anterior a la corriente legislativa.

Según lo que establece la ley 8754 contra la delincuencia organizada, los recursos serán destinados de la siguiente manera:

  • 40%  ($3,3   millones)   al   Organismo   de   Investigación   Judicial   (OIJ), específicamente para la atención, el mantenimiento y la actualización de la Plataforma de Información Policial (PIP), así como para la investigación de delitos y la protección de
  • 20% ($1,3 millones) al ICD, para gastos de administración, de aseguramiento, seguimiento y mantenimiento de los bienes decomisados y
  • 10% ($663.000) al Poder Judicial, para el mantenimiento y la actualización del Centro Judicial de Intervención de las Comunicaciones (CJIC).
  • 10% ($663.000) al Ministerio de Justicia, para cubrir las necesidades de la Policía
  • 10% ($663.000) al Ministerio Público, para la Oficina de la Atención para la Víctima del
  • 10% ($663.000) al Ministerio de Seguridad Pública y Gobernación, para cubrir las necesidades de los cuerpos policiales que lo

Fernando Ramírez Serrano, director general del ICD hizo un respetuoso llamado a la Asamblea Legislativa para la aprobación de dicho presupuesto, ya que los recursos podrán ser utilizados en momentos donde el país hace frente a una ola de violencia y criminalidad entre bandas.

“Estos recursos vienen a apoyar la lucha que hacen los diferentes cuerpos policiales en contra del crimen organizado”, aseveró Ramírez.

Cabe señalar que el expresidente Toledo, fue imputado en Perú, acusado de corrupción, involucrando empresas creadas para eludir el origen ilícito de los fondos.

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