San José, 1 dic(elmundo.cr) – El diputado de Nueva República, Harllan Hoepelman, lamentó que se hubiera rechazado el proyecto de ley que pretendía que se rindiera cuentas sobre las pensión alimentaria a menores de edad.
“El Inamu se desbordó en su discurso sobre violencia de género lo no es de el recibo porque ya el 25% de los administradores de pensiones son hombres”, manifestó el legislador.
Aunado a esto, reclamó la posición con tomó la institución y dijo que lo que buscaba era salvaguardar los derechos patrimoniales de los niños y niñas beneficiarios de este derecho.
“Pudo más el lobby de organizaciones, antiniñez como el Inamu que el sentido común. Ya sabemos del vacío jurídico que existe en esta materia, y hoy desea seguir con estas es alcahuetería, que si bien es cierto los jueces utilizan algunas herramientas para resolver ciertos casos estos mecanismos están débiles y poco fiables. Sin duda alguna, Quién pierde en la niñez, Porque son ellos los que sufren violencia patrimonial”, agregó Hoepelman.
El proyecto 21.702 propone la reforma al artículo 171 del Código de Familia con el fin de que la autoridad judicial, a petición de la persona menor que tenga al menos doce años, del Patronato Nacional de la Infancia, o de la persona alimentante, pueda solicitar a quien deba administrar los dineros correspondientes a los alimentos de una persona menor de edad, que rinda cuentas respecto de todos aquellos rubros comprendidos en la cuota alimentaria, salvo que se tratara de rubros para los cuales resulte imposible la comprobación, a criterio de la autoridad judicial, quien deberá tener, como consideración primordial, el interés superior de la persona menor de edad
El Inamu hizo llegar su criterio a la Comisión de Niñez, Juventud y Adolescencia a través del oficio INAMUPE-0400-08-2019 donde indicaba entre otras consideraciones, las siguientes: “Es necesario que las personas deudoras alimentarias comprendan que la responsabilidad de brindar las condiciones básicas de vida a las personas menores de edad no es una obligación de quien ostente la custodia, sino que forma parte de las responsabilidades familiares del deudor para la protección prioritarias de los derechos de los niños, las niñas y personas adolescentes”.
Este proyecto fue archivado, debido a la poca viabilidad política a la que se sometía, sin embargo el legislador de Nueva República señaló que insistirá en un nuevo texto.
