Cuesta de Moras, 09 set (elmundo.cr) – La Ministra de Justicia y Paz, Cecilia Sánchez Romero expuso este miércoles el presupuesto planteado para el 2016, ante los diputados de la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa.
Durante varias horas, la jerarca explicó a los diputados que su presupuesto para el próximo año disminuye en 1726 millones de colones en comparación con el del presente año. Dicho recorte según Sánchez, se hizo por orden del Ministro de Hacienda para combatir el déficit fiscal, sin embargo aceptó que tal medida tendrá consecuencias para el Ministerio, especialmente en materia de combate al hacinamiento carcelario.
“De los 118.133 millones de colones del presupuesto, el 76,4% responde al programa de Administración Penitenciaria, 11,6% al Registro Nacional de la Propiedad, 8,2% a la Procuraduría General de la República, 2,9% a la Actividad Central y un 0,8% a la Promoción de la Paz”, explicó la ministra.
Asimismo, se recortaron en partidas como viajes al exterior, al extranjero, capacitaciones y horas extra.
Sin embargo, la Ministra de Justicia reconoció que el recorte al presupuesto tendrá consecuencias severas. Por ejemplo, no se podría implementar el programa de brazaletes electrónicos para reos de baja peligrosidad, no habrá presupuesto para contratar a 654 vigilantes y técnicos necesarios en las cárceles, ya que solo se aprobaron 81, y el recorte disminuirá la adquisición de implementos de seguridad para la Policía Penitenciaria como uniformes, equipos de protección, cámaras de seguridad, bloqueadores de señales celulares, sistemas informáticos y otros.
“Es un tema de sensibilidad. Desconocer lo que significa no dotar al Ministerio de Justicia de los recursos necesarios sería grave, pues estamos hablando de seres humanos”, dijo la jerarca.
Sánchez se mostró benevolente con el presupuesto que le recetó el Gobierno para el 2016, ya que afirmó que el Ministerio de Justicia no puede sustraerse del ejercicio económico-político del país aunque necesiten más recursos y urgió a los diputados a aprobar los proyectos en materia fiscal.
