San José, 9 nov (elmundo.cr) – El hacinamiento carcelario en todo el país se redujo en un 5%, de acuerdo con datos del Ministerio de Justicia y Paz. Tal reducción se dio en las últimas semanas, luego de tomar como medida extraordinaria, la decisión de redistribuir la población penal hacia centros semi-institucionales, es decir, bajo un régimen de confianza en el que solo deben pasar unas cuantas horas en prisión.
Con la medida, el porcentaje de hacinamiento carcelario en Costa Rica pasó de un 52,1% el 15 de septiembre, a un 47% el 28 de octubre.
Según el Ministerio, el Instituto Nacional de Criminología autorizó reubicar 541 privados de libertad, de los cuales 139 corresponden a la cárcel de San Rafael, 89 en la cárcel Gerardo Rodríguez, 93 en la cárcel La Reforma, 65 en el Buen Pastor, 37 de la cárcel de Pococí, 28 en la cárcel de Pérez Zeledón, 31 en la cárcel de El Roble, 16 en la cárcel de Cocorí, 15 en la cárcel de La Marina de San Carlos, 14 de la cárcel Calle Real de Liberia, 13 de la Cárcel de Limón y uno en la cárcel de San José.
“Esas personas fueron seleccionadas porque cumplieron con criterios rigurosos, por ejemplo, que fueran sentenciadas, que cumplieran su pena con descuento entre el 2015 y 2020, que no tuviesen causas judiciales activas, con adecuadas relaciones convivenciales y sin sanciones disciplinarias, que contaran con un recurso receptor y opción laboral o educativa”, explicó el Ministerio, luego de la preocupación surgida por el anuncio de la “liberación” de estos privados de libertad.
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Ninguno de las personas beneficiadas con el cambio de régimen, fueron condenados por delitos relacionados al crimen organizado, tráfico internacional de drogas, tráfico internacional de órganos, trata de personas, tráfico internacional de armas de fuego y material nuclear, legitimación de capitales, terrorismo, homicidio, delitos contra los deberes de la función pública, violencia sexual e intrafamiliar o secuestro.
“La aplicación de esta medida tiene como objetivo dar cumplimiento a las resoluciones de la Sala Constitucional y, al menos, 18 fallos de los Juzgados de Ejecución de la Pena de todo el país que han ordenado a los jerarcas de esta cartera, disminuir la sobrepoblación a niveles aceptables (inferior al 20%), bajo apercibimiento de que en caso de incumplir con las órdenes, se les abriría causa penal por el delito de desobediencia”, indicó el Ministerio de Justicia y Paz.
Al 15 de setiembre había 13.889 personas en prisión y, al 28 de octubre, 13.430, pero la capacidad real es de 9130 espacios. Debido a estos niveles de sobrepoblación, los jueces han dictado el cierre técnico de 11 de los 13 centros penitenciarios, es decir, el Ministerio tiene prohibido ingresar a esos centros penitenciarios, más personas de las que egresan.
Durante todo este año 2015, el INC ha autorizado cambiar de régimen a 2393 hombres y a 194 mujeres, un promedio mensual de 259 personas.
De acuerdo con las estadísticas penitenciarias, entre enero y setiembre de este año, han ingresado 5539 personas al sistema penitenciario (4456 por prisión preventiva, 1068 por sentencias y 15 no indicaron el motivo), es decir, un promedio mensual de 615, pero solamente egresan 200.
Tras el ingreso de la ministra de Justicia, Cecilia Sánchez, se ordenó reinstaurar la Policía de Seguimiento, que funcionará en las comunidades, para reforzar el seguimiento al cumplimiento de los beneficiarios del Programa Semiinstitucional. En igual sentido, el INC hará evaluaciones periódicas sobre el comportamiento de esta población.
De acuerdo con los estudios históricos del Programa Semiinstitucional, donde actualmente se ubican 4537 personas, un 90% de los casos culmina con éxito su condena, mientras que el 10% restante, fracasa. De estos últimos casos, solo un 1% comete nuevo delito, el otro 9% incumple el plan de atención técnica o quebranta la pena al no presentarse a pernoctar en el centro.
Por otro lado, el Ministerio de Justicia y Paz enfatiza que no se han dejado de lado los procesos de construcción de infraestructura. Para el 2016, se espera culminar los arcos modulares para crear 100 espacios en Pococí y 400 en La Reforma; igualmente, 24 módulos para 1.632 personas en La Reforma por ¢5175 millones.
Además, está en proceso las tres unidades productivas para 1728 personas (al 2017) con el préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la remodelación de los ámbitos C y D de La Reforma para 240 personas.
La cárcel con los mayores índices de sobrepoblación es el CAI Gerardo Rodríguez E., quien con una capacidad de 535 reos, alberga a 1579 para un hacinamiento del 195%. En similar situación está el CAI de San Carlos, quien con una capacidad de 347 reos alberga a 787; un hacinamiento del 127%.
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