Dichos cambios, incluyen reformas a los artículos 90 y 92 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, lo que implicaría, entre otras cosas, disminuir las penas por el delito de fraude, que actualmente van desde los 5 y hasta los 10 años, mientras que las propuestas planteadas pasarían a ser de solamente dos años.
Ante ello, las autoridades afirman que lo mejor es dejar el proyecto tal y como está planteado y dejar de lado las modificaciones solicitadas.
“Con la pena tal y como existe hoy en día hay una única forma de llegar a escaparse de llegar a juicio y obtener una sentencia final y hacer una reparación integral del daño, lo que pretende es que a juicio de quien está sufriendo en este caso el Estado, se le repare”, explicó Priscilla Piedra, directora general de Hacienda.
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Asimismo Piedra agregó que el bajar la pena en este momento, implicaría que el delito de fraude fiscal no sea considerado un delito tributario.
De acuerdo con Hacienda, en este momento la Fiscalía de Delitos Económicos contabiliza cerca de ¢ 17.228 millones por todos los casos acusados, y a la fecha, por reparación integral del daño se han recuperado más de ¢8.400 millones a favor del Fisco.
“Incorporar una propuesta como esta podría significar incluso la posibilidad de que autoridades políticas pueda intervenir en las decisiones de la Administración Tributaria, lo que resulta sumamente peligroso para la Administración y para los propios contribuyentes”, expuso Fernando Rodríguez, viceministro de Ingresos.
Actualmente en el Ministerio de Hacienda, se encuentran en investigación 24 procesos y bajar dicha pena, obstaculizaría el trámite de los mismos.