San José, 26 ene (elmundo.cr) – Cuatro años atrás, cuando el Presidente de la República Luis Guillermo Solís era candidato presidencial fue uno de los abanderados junto al Partido Acción Ciudadana y el Frente Amplio de frenar la concesión, de lo que sería una nueva carretera a San Ramón.
El partido Acción Ciudadana usó el tema fuertemente en la campaña y Javier Cambronero, hoy diputado oficialista, cimentó su candidatura a partir de ese movimiento social “llamado Foro de Occidente”, dirigido por el excandidato a alcalde de San Ramón, Paúl Brenes.
Dos años atrás, el Presidente Solís firmó la Ley 9292 que aprobó el fideicomiso para el desarrollo de la Carretera San José-San Ramón e indicó en un comentario mediante su perfil de Twitter: “Queremos una carretera que se haga bien hecha, en pocos meses, una gestión que ha tomado años debe ser realidad pronto, y sin chambonadas”.
El tema de la carretera a San Ramón va estrechamente ligado al puente de “la platina”, ya que el Gobierno de Laura Chinchilla buscó a partir de la concesión de la ruta, dar por terminado el problema permanente sobre el mencionado puente.
La objeción de los dirigentes del Foro de Occidente, que frenaron la concesión de la empresa brasileña OAS, era principalmente por los montos de los peajes que se iban a cobrar y la calidad de los trabajos que se realizarían.
En campaña política, Solís Rivera también aseguraba que “Ee Foro de Occidente será uno de los grupos asesores de mi gobierno”.
Solís también prometió durante una gira a San Ramón el año anterior que la construcción de la nueva carretera empezaría a construirse durante su mandato; ya no hablaba de “pocos meses”.
El inicio de la obra es aún incierto, y el gobierno se ha centrado únicamente en finalizar el puente sobre el río Virilla, haciéndolo de seis carriles.
Hace unos meses Giselle Alfaro, viceministra de Infraestructura del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), admitió que fue “un error” frenar la concesión de OAS.
Para finiquitar el acuerdo con los brasileños, el estado costarricense tuvo que pagarles una indemnización de $35 millones, la cual se canceló en dos pagos.
