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Guadamuz a Asosejud: ¿Las reglas son iguales para todos o están dispuestas a cambiarlas dependiendo de quién solicita el crédito?

San José, 26 oct (elmundo.cr) – La diputada de Pueblo Soberano, Nayuribe Guadamuz, criticó a la Asociación Solidarista de Servidores Judiciales (Asosejud) por aprobar un crédito de ₡128 millones a la magistrada de la Sala Tercera, Patricia Solano.

Según la información el plazo del préstamo, fijado a 30 años, implicaría que la magistrada terminaría de cancelar la deuda cerca de los 96 años de edad.

Guadamuz señaló que “las polémicas sobre Asosejud no dejan de asombrarnos. Son muchas cosas las que estamos conociendo del Poder Judicial. Miles de costarricenses luchan para conseguir un préstamo, muchas veces en condiciones poco favorables, pero hemos tenido información sobre créditos con condiciones particulares que llaman bastante la atención”.

“Ha trascendido que la magistrada Patricia Solano, presidenta de la Sala Tercera y quien aspiraba a ocupar la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, obtuvo un crédito de más de 128 millones a 30 años. Bueno, la presidencia de la Corte no se le dio, pero el crédito de 128 millones sí. Y aunque la elección ya terminó, las preguntas sobre las condiciones de este préstamo siguen sin respuesta”, agregó.

Guadamuz cuestionó: “¿Quién autorizó semejante operación? Y aunque nos preguntamos también por el monto, lo más sorprendente es el plazo. 30 años para pagarlo. Esto cuando, según la información disponible, la magistrada tenía 65 años al formalizar el crédito. Un crédito que vencerá cuando la magistrada tenga 95 años. ¿Quién respondería por esos 128 millones del dinero de los servidores judiciales si las cosas no salen como las calcularon?”.

“Pero hay algo más serio. La Asosejud enfrenta desde hace semanas una investigación penal por presuntas irregularidades. Entre ellas, el otorgamiento de créditos a sus propios directivos. Según la investigación, siete directivos llegaron a concretar préstamos por más de mil millones de colones. Sí, señores, más de mil millones. Se investigan operaciones con tasas de interés extraordinariamente bajas, modificación de condiciones, incumplimiento de los reglamentos e inconsistencias en los registros”, manifestó.

La diputada recalcó que “en este contexto, claro que nos preocupamos por cómo se aprobó una operación hipotecaria de 128 millones de colones a 30 años, vinculada a una magistrada. Y no estamos aquí acusando de nada, pero por supuesto que debemos preguntar. Porque una cosa es que el préstamo se haya utilizado para construir una vivienda, como ha explicado la magistrada, y otra muy distinta es conocer bajo qué condiciones se aprobaron esos 128 millones a 30 años”.

“Aquí quiero hablarle directamente a la magistrada. Doña Patricia, ¿recibió usted los mismos beneficios que habría recibido cualquier otro asociado con condiciones semejantes? ¿Se le aplicaron los límites ordinarios establecidos por Asosejud o hubo alguna excepción? Y si existió una excepción, ¿cómo se justifica?”, preguntó.

Guadamuz explicó que “Asosejud administra recursos vinculados al ahorro y a la cesantía de trabajadores judiciales. Estamos hablando del esfuerzo de personas que durante años han trabajado para construir un patrimonio, y ese dinero tiene que administrarse con responsabilidad. Por eso también quiero preguntarle a la Junta Directiva y a los socios de Asosejud, ¿qué disposición reglamentaria permitió establecer un financiamiento de esa magnitud a un plazo de 30 años? ¿Quién aprobó la operación? ¿Cuántos asociados han recibido préstamos superiores a 100 millones de colones con condiciones similares?”.

“¿Las reglas son iguales para todos o están dispuestas a cambiarlas dependiendo de quién solicita el crédito? Y aquí vuelvo a la magistrada, doña Patricia. Nadie está cuestionando su derecho a solicitar un crédito ni elementos de su fuero personal. Se le está preguntando sobre aparentes condiciones de gran beneficio a partir de fondos que pertenecen a los servidores judiciales y que también se nutren de recursos públicos”, comentó.

“El pueblo pide claridad en el actuar de los jerarcas, y es nuestra obligación brindárselas. Porque cuando hablamos de transparencia, probidad y rendición de cuentas, lo verdaderamente importante es demostrarlas cuando las preguntas tocan a nuestra propia puerta. La justicia costarricense atraviesa un momento en el que la ciudadanía exige respuestas, transparencia y credibilidad, incluyendo a los cargos más altos para generar confianza. Y esa confianza requiere la aplicación de las mismas reglas y el mismo rigor sin distinciones”, concluyó.

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