San José, 26 sep (elmundo.cr) – La ministra del Micitt, Paula Bogantes, insistió en la defensa de la aplicación del Convenio de Budapest en el reglamento para el desarrollo del 5G, dejando por fuera a empresas de China, Corea del Sur, Singapur y Brasil.
Se trata del decreto ejecutivo N.° 44196-MSP-MICITT que estableció el Reglamento Sobre Medidas de Ciberseguridad Aplicables a los Servicios de Telecomunicaciones Basados en la Tecnología de Quinta Generación Móvil (5G) y Superiores, que se publicó en el diario oficial La Gaceta el jueves 31 de agosto.
La ministra aseguró que “el objetivo de este decreto es proteger a Costa Rica. ¿Cómo se protege a Costa Rica? Con medidas de ciberseguridad que atiendan, cuyo objetivo principal es proteger a los ciudadanos de nuestro país, a la infraestructura de servicios de redes y telecomunicaciones que tenemos”.
“Ustedes recordarán que el 18 de abril del 2022 Costa Rica fue víctima de un ataque de ciberseguridad muy fuerte que afectó a un número importante de instituciones. Lamentablemente este ataque de ciberseguridad pues nos puso en peligro no solamente la seguridad nacional de Costa Rica, pero también la seguridad de los datos de los ciudadanos de Costa Rica”, agregó.
Según Bogantes “a razón de este ataque de ciberseguridad, el país decide, el Micitt que tiene la rectoría de este tema, decide elevar los estándares de ciberseguridad a los niveles más altos, y es a raíz de ello que el 31 de agosto se firma el decreto, el reglamento sobre medidas de ciberseguridad para redes 5G y superiores”.
“De nuevo, quiero aquí hacer énfasis que nuestro objetivo es proteger la privacidad de los ciudadanos, sus datos, sus familias, sus ahorros, la niñez de Costa Rica”, sostuvo.
La jerarca comentó que “nosotros no estamos dejando por fuera a ningún país para que compita. Lo que estamos diciendo es que de ahora en adelante los países que quieren o las empresas operadoras de telecom o proveedores de hardware, de dispositivos, de equipamiento o de software, tienen que cumplir con una serie de lineamientos que se incluyen en este reglamento, y si no los incluyen, no pueden participar”.
“El Convenio Budapest es el primer tratado internacional creado con el objetivo de proteger a la sociedad frente a los delitos informáticos y los delitos de Internet. Es un marco legal para la cooperación internacional. ¿Qué significa esto? Significa que si nosotros como país firmante del Convenio Budapest logramos identificar a un grupo de ciberdelincuentes que tienen su casa, su país de origen, es de otro país firmante del Convenio Budapest. Costa Rica puede enviarle la solicitud a ese país para que ellos le den persecución legal y jurídica a este grupo de delincuentes. Los países firmantes nos comprometemos a hacer eso”, explicó.
Bogantes enfatizó que “nosotros aquí no estamos llamando a los operadores, como se ha conversado, a que tienen que quitar toda la infraestructura que hay ya está instalada en el país de 4G para reemplazarla con tecnología que cumpla con los alineamientos del reglamento de 5G, no. Nosotros desde el Micitt vamos a compartir un documento que tiene que ver, referente a 4G, que tiene que ver sobre todo con buenas prácticas y lo que sí estamos recomendando es maximizar el uso de la infraestructura del país en 4G por un tema de costos y aprovechamiento de dispositivos y demás”.
“Entonces, para concluir, quisiera reiterar el hecho de que nosotros, el reglamento, atiende un tema de seguridad nacional y protección de los ciudadanos a raíz del ataque de ciberseguridad que sufrimos en el 2022. No es correcto decir que el país, al no tener ejército y al no ser una amenaza para ningún otro país, que nuestra seguridad nacional no está comprometida. Eso es incorrecto. Ustedes sabrán que en tiempos actuales y modernos las guerras no solamente se defienden en territorios, sino que también se dan en el ciberespacio y Costa Rica fue víctima en el 2022 de un ataque de ciberseguridad que comprometió la seguridad nacional de Costa Rica, entonces, nosotros como Ministerio Rector del tema de ciberseguridad, estamos obligados a atender ese llamado de protección de la seguridad nacional de Costa Rica y de sus ciudadanos”, aseguró.
La ministra recalcó que “hemos podido constatar que varias instituciones cuentan con infraestructuras tecnológicas comprometidas. Es otra de las razones más por las que elevamos los niveles, los estándares de ciberseguridad a los niveles más altos. No solamente hemos logrado constatar que las infraestructuras tecnológicas están comprometidas, pero también que dichos grupos de ciberdelincuentes se ubican en países no firmantes del Convenio de Budapest”.
“Entonces, reitero, ustedes le prestarían plata a una persona que no les garantiza que les va a devolver el dinero. ¿Verdad? Ustedes invertirían su dinero en un banco que no les garantiza que cuando lleguen a pedirle de vuelta se los vayan a dar. Nosotros como Micitt, como rectores del tema de ciberseguridad, no nos jugamos ese chance, porque ante todo priva la seguridad nacional del país y la protección de los datos de sus ciudadanos y como último punto, recordemos que la ciberseguridad es una inversión y no es un gasto”, concluyó.
