Limón, 04 sep (elmundo.cr) – Grupos ambientalistas y comunitarios de Puerto Viejo de Talamanca expresaron su profunda preocupación ante el anuncio de un nuevo proyecto de atracadero vecinal, impulsado por la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), con una inversión de ₡950 millones.
Los opositores al proyecto argumentan sobre los antecedentes de proyectos fallidos en la zona, los riesgos para el ecosistema marino, la falta de transparencia en el proceso y la necesidad de priorizar otras necesidades comunitarias.
El rechazo se basa en la experiencia de intentos anteriores, como el proyecto de marina “Marina Ecológica New World” en 2008 y el “atracadero” de 2019, ambos cuestionados por falta de transparencia, impactos socioambientales y deficiencias en los estudios de impacto ambiental (EIA).
“La única información disponible es una imagen publicada en el perfil oficial de Japdeva, mientras que el proyecto no aparece en los expedientes de Setena o, al menos, no son aún de acceso público”, denunciaron los grupos.
Los opositores señalan que los proyectos anteriores carecían de sustento científico en sus EIA, omitiendo especies clave y sin realizar audiencias públicas, a pesar de ser requeridas por ley. Además, advierten que el atracadero amenaza directamente al ecoturismo local, desplazando a surfistas, buceadores, pescadores artesanales y artesanos.
El proyecto se ubicaría en una zona de arrecifes coralinos vivos, esenciales para la protección costera y el turismo sostenible. “La construcción del atracadero y el aumento del tráfico marítimo representan una sentencia de muerte para estos ‘bosques marinos'”, advierten los grupos. Estos arrecifes ya han sido impactados por descargas de aguas residuales, reconstrucción de puentes y blanqueamiento coralino.
Los grupos ambientales y comunitarios reiteran su rechazo al proyecto y exigen la activación del Consejo de Corales, procesos transparentes y participativos, e inversión social real en las comunidades, priorizando educación e infraestructura básica.
“Creemos que, si bien los pescadores artesanales tienen todo el derecho de contar con un embarcadero digno, no pueden ser utilizados como fachada por los mismos empresarios gentrificadores”, concluyen.
