San José, 20 ene (elmundo.cr) – Grupo ICE salió al paso de las declaraciones del diputado de Liberación Nacional, Francisco Nicolás, contra la gestión de Radiográfica Costarricense S. A. (RACSA).
El ICE señaló que “es falso que el modelo de negocio de RACSA “es corrupto”. La empresa opera apegada al ordenamiento jurídico nacional y a las potestades que tiene conferidas en la Ley 8660, para competir en un mercado abierto”.
“Es falso que el proveedor para el despliegue de 5G se eligiera “a dedo”. Mediante un concurso público, en el que participaron diferentes empresas, el Consorcio DATASYS VINET –representantes de Nokia en el país– fue adjudicado después del análisis de ofertas y del cumplimiento, a cabalidad, de los requisitos legales y técnicos del cartel. La información puede ser consultada en SICOP, en el número de procedimiento 2023XE-000003-0000800001″, aclararon.
Por otro lado indicaron que “desde su donación en 2009, por parte del Gobierno de la República de Corea, la infraestructura del sistema de compras públicas es provista por Oracle. Por su parte, RACSA tiene la función de gestionar la operación de SICOP, según directrices y especificaciones técnicas que solicite el cliente”.
“Es falso que existan 40 contrataciones directas con este fabricante y que la migración a SICOP –de 2022– fuera injustificada. RACSA recibió, el 30 de noviembre de 2022, la solicitud del cliente para que migrara hacia un esquema de servicio en la nube, y así se ejecutó, a través de la contratación pública 2022CD-000047-0009100001”, comentaron.
Según el ICE “con el fabricante Oracle, RACSA mantiene solamente una contratación para garantizar la disponibilidad y la seguridad de la plataforma. Esto ha permitido un 40% de ahorro en costos en comparación con la solución anteriormente utilizada. Además, en calidad de partner, se mantienen dos contrataciones como parte de las potestades otorgadas por la Ley 8660”.
En relación con la implementación de tobilleras electrónicas, el ICE explicó que RACSA fue contratado por un plazo de 12 meses para suplir las tobilleras electrónicas mediante una contratación de urgencia en desarrollo. Todos los aspectos relacionados se efectuaron mediante los mecanismos que prevé la Ley General de Contratación Pública. Lo anterior, mientras se implementa el proceso licitatorio 2022LI-000001-0006900001.
“Es falso que existe un sobreprecio de $3 con esta solución. Producto de la contratación, como se ha informado públicamente, el Estado se ahorra casi un 50% de lo que se pagaba con la iniciativa anterior”, sostienen.
“RACSA es un integrador digital que ofrece a empresas –públicas y privadas– e instituciones soluciones a la medida, eficientes, seguras y que fortalecen la transparencia de procesos. Esto sustentado en una robusta infraestructura, recurso humano especializado y un ecosistema de fabricantes de clase mundial”, concluyen.
