San José, 12 nov (elmundo.cr) – Un análisis técnico y jurídico exhaustivo, elaborado por especialistas en contratación administrativa y economía aplicada, revela una serie de errores judiciales graves, contradicciones internas y omisiones probatorias en resoluciones vinculadas a reajustes de precios, peritajes oficiales y controversias por obras públicas.
El documento examina en detalle sentencias emitidas por tribunales contenciosos y expone preocupaciones profundas sobre la consistencia técnica y la rigurosidad jurídica con que se han evaluado expedientes complejos de infraestructura.
Metodologías ignoradas y resoluciones contradictorias
Uno de los elementos más serios identificados en el análisis es la sentencia 115-2019-VIIII, dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Según el estudio, el fallo atribuyó a dos peritos haber “creado metodologías inéditas”, ignorando que el procedimiento utilizado para reconstruir el índice general sintético de costos fue definido por la Sala Constitucional desde 1998 y aplicado oficialmente por el INEC en la elaboración de los Índices de Precios de la Construcción base febrero 2012.
El informe detalla que la metodología utilizada por los peritos era precisamente la ordenada por el INEC en casos de información perdida o inconsistente, lo que vuelve la afirmación judicial “técnicamente insostenible”.
El estudio también subraya que resoluciones de la Dirección de Ingeniería del CONAVI, dictámenes del INEC y advertencias de la Contraloría General de la República habían señalado, desde al menos 2008, la desactualización crítica del índice de costo de posesión, variable utilizada por décadas para ajustar precios de contratos viales. La sentencia cuestionada omitió por completo estos antecedentes.
Alertas sobre un posible error judicial grave
El análisis revisa además la actuación judicial desde la perspectiva del artículo 357 del Código Penal, que tipifica el delito de prevaricato. Sin afirmar que exista responsabilidad penal —un extremo que solo puede determinar el Ministerio Público—, el documento conceptualiza varios actos como potencialmente compatibles con la figura penal: decisiones sin sustento técnico, apartamiento injustificado de jurisprudencia vinculante y conclusiones que contradicen pruebas aportadas.
Cita como ejemplo que la sentencia desacredita al perito judicial por no tener experiencia en construcción, a pesar de que los índices oficiales de precios utilizados para todos los reajustes del país son elaborados por economistas y estadísticos sin experiencia en construcción, lo cual vuelve el criterio utilizado por el tribunal “incoherente e inaplicable”.
Problemas estructurales: independencia interna, mora y redacción de sentencias
Más allá del caso concreto, el estudio identifica problemas sistémicos que podrían estar afectando la calidad de las sentencias:
- Tribunales de apelación integrados por jueces del mismo sistema que participan en instancias previas, lo que genera dudas sobre imparcialidad.
- Redacción de proyectos de sentencia por parte de técnicos o letrados que no firman las resoluciones, lo que invisibiliza la autoría técnica real.
- Magistrados suplentes con doble carga laboral, lo que aumenta la mora y afecta la calidad del análisis.
- Demandas de revisión analizadas por los mismos magistrados que dictaron la resolución cuestionada, lo cual debilita el principio de juez imparcial.
El trasfondo: inconsistencias en obras públicas y fallas de diseño reconocidas por el propio Estado
El análisis también destaca que decisiones de diseño en la carretera Sifón–La Abundancia fueron tomadas con normas geotécnicas menos rigurosas, ocultadas inicialmente al contratista, lo que generó múltiples órdenes de modificación y sobrecostos inevitables.
La afirmación está respaldada por informes oficiales del MOPT, la Contraloría y estudios de adjudicaciones recientes del tramo Punta Sur, donde los nuevos parámetros técnicos muestran costos reales muy superiores.
Se indica que la falta de actualización de los índices de precios provocó desequilibrios económicos en contratos multimillonarios, situación que había sido advertida por especialistas desde hace más de una década.
Un sistema que requiere revisión profunda
El documento concluye que los errores identificados no pueden atribuirse a simples diferencias de criterios técnicos, sino a omisiones reiteradas, falta de motivación adecuada y desconocimiento del marco técnico-jurídico obligatorio.
Se enfatiza que estos casos no solo afectan a las partes involucradas, sino que erosionan la seguridad jurídica nacional, especialmente en áreas estratégicas como infraestructura vial y contratos públicos.
El informe llama a abrir un debate nacional técnico y académico —no político— sobre la calidad de las sentencias, los mecanismos de control interno del Poder Judicial y la necesidad de fortalecer la independencia y especialización de los tribunales contenciosos.
