Gobierno solicita a la Asamblea Legislativa aprobar el crédito de $508 millones con el FMI

San José, 7 jul (elmundo.cr) – El Consejo Económico envió este lunes una carta a la Comisión de Asuntos Hacendarios, a los jefes de fracción y a los diputados independientes de la Asamblea Legislativa, para solicitar la aprobación en el mes julio del crédito de $508 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Este crédito, estará bajo el expediente No 22.018, ‘Autorización al Gobierno de la República para la contratación de un crédito por medio del Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR) con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para apoyo presupuestario en la atención de la emergencia COVID-19’.

El presidente del Banco Central de Costa Rica y gobernador por Costa Rica ante el FMI, Rodrigo Cubero; la ministra de Planificación Nacional y Política Económica y coordinadora del Consejo Económico, María del Pilar Garrido; y el ministro de Hacienda, Elian Villegas, señalaron en el carta que “un retraso en dicha aprobación podría impactar negativamente los tiempos de las negociaciones de un acuerdo con el FMI, y poner en entredicho las posibilidades de Costa Rica para obtener financiamiento extraordinario en medio de la pandemia”.

De acuerdo con las proyecciones del gobierno, “Costa Rica y el mundo enfrentan una de las mayores crisis económicas del último siglo, producto del impacto que ha generado el SARS COV 2”; por lo que “se estima que en el 2020 la economía nacional decrecerá un 3.6%, con una recuperación parcial del 2.3% en el 2021”.

Además, aseguran que “el IFR es fundamental, no solo por su contribución al financiamiento responsable del Gobierno este año, sino también porque representa un voto de confianza del FMI en el marco de políticas macroeconómicas y financieras del país”.

Además, argumentaron que “el IFR es la llave para avanzar formalmente en la negociación de un Acuerdo Stand-By (SBA) con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que, en conjunto con el IFR, podría aportar unos $2.250 millones en tres años”.

“Este acuerdo, a su vez, permitirá cubrir una parte de las necesidades brutas de financiamiento del 2021 (que en este momento se estima podrían ascender a 14,5% del PIB)”, agregaron.

Según la información brindada por presidencia y su equipo económico, “SBA proveería un marco formal para las acciones encaminadas a lograr la sostenibilidad fiscal a corto y mediano plazo, que se espera permitan alcanzar un superávit primario del orden de un 2% del PIB en el año 2024 y reducir la deuda del Gobierno Central al 50% del PIB para el año 2034”.

El IFR forma parte del plan de financiamiento fiscalmente responsable del Gobierno para el año 2020, que incluye:

-Créditos externos, que ascenderían a 7.3% del PIB. De este monto, créditos por un 3.6% del PIB ya han sido aprobados por la Asamblea Legislativa, otros por un 0,8% están ya presentados (incluyendo el Instrumento de Financiamiento Rápido del FMI), otros por 0,8% se estarán presentando a la Asamblea Legislativa en las próximas semanas, mientras que el 2% restante están en proceso de negociación con los organismos externos.

-Financiamiento en el mercado interno por un total de 5.2% del PIB. De ese monto, un 2.38% del PIB ya ha sido colocado.

-Las tasas de interés de los créditos multilaterales son en promedio unos 550 a 600 puntos básicos inferiores a las del mercado interno. Así, se estima que la adquisición de créditos externos reducirá el costo de la deuda en un 0.8% del PIB acumulado durante el periodo 2020 al 2024.

De acuerdo a la información brindada por el gobierno, “acudir a estos créditos multilaterales permitirá disminuir la presión de recursos por parte del Ministerio de Hacienda en el mercado interno, con lo cual mejoran las condiciones y las tasas de interés para el crédito al sector privado (hogares y empresas)”.

“Los créditos externos tienen plazos más largos, y frecuentemente cuentan con generosos periodos de gracia, estos créditos permiten mejorar el perfil de la deuda pública”, afirmaron.

El próximo 13 de julio se presentará ante los diputados un Presupuesto Extraordinario que contendrá un recorte presupuestario de al menos un 1% del PIB.

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