San José, 26 ene (elmundo.cr) – El Gobierno de Luis Guillermo Solís desistió de su idea subir los impuestos y en su lugar, envió una propuesta alternativa a los jefes de los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa.
El Frente Amplio suministró a la prensa esta tarde una carta que envió el Ministro de Hacienda, Helio Fallas a los legisladores, donde tácitamente reconoce que ante la imposibilidad política de que la Asamblea Legislativa convierta el Impuesto de Ventas del 13% en un Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 15%, plantean que se mantenga ese 13% pero ampliando los bienes y servicios gravados, tales como servicios profesionales y la educación privada.
“Con el ánimo de contribuir a lograr consenso y avanzar en la ruta país hacia el fortalecimiento hacendario, además de avanzar en los compromisos adquiridos para el ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), desde el Ministerio de Hacienda se propone, lo siguiente, para su valoración”, dice la carta de Helio Fallas, Ministro de Hacienda y vicepresidente de la República.
La propuesta del Gobierno es ampliar la base de cobro de impuestos a los servicios, manteniendo un 13% y con una devolución a los primeros tres deciles de la población de menores ingresos.
Asimismo, Hacienda plantea que para la Salud y la Educación el impuesto no sea del 13%, sino de solamente 4%.
“Para esto debemos considerar que la lógica que tiene el impuesto al valor agregado, busca gravar solamente el valor agregado, generado en cada etapa productiva hasta llegar al consumidor final. De esta manera, el contribuyente del impuesto, al momento de presentar su liquidación, va a deducir del impuesto cobrado (débito fiscal), el impuesto pagado en las adquisiciones de bienes y servicios para producir los bienes o prestar los servicios que brinda (crédito fiscal) y sobre esa diferencia, paga el impuesto o se le genera un saldo a favor, que en este caso puede significar un derecho a devolución”, dice la carta de Helio Fallas.
De acuerdo con el jerarca de Hacienda, lo anterior pretende que al momento de incorporar en la estructura del impuesto alguna tarifa reducida, se debe procurar que sea de un monto suficiente para que no se generen derechos de devolución recurrentes a favor del contribuyente, de manera que se pueda garantizar la trazabilidad de la actividad económica sin mayores efectos fiscales adversos.
“Lo contrario implicaría la generación de un costo administrativo mayor al beneficio que se espera de la recaudación y la ampliación de la base del impuesto”, dijo.
Por otro lado, Fallas adelantó que estarían impulsando una modificación al proyecto de Ley del Impuesto de Valor Agregado, un aumento de un punto porcentual a la tarifa del impuesto selectivo de consumo.
“Lo importante es modernizar el IVA e introducir aquí elementos que nos permitan enfrentar los desafíos tributarios que la nueva economía digital genera, esto último como parte de un importante acompañamiento que nos ha dado la OCDE en este y que es una de las acciones del Proyecto BEPS”, dice la carta.
SEGUNDA PROPUESTA. La segunda propuesta del Gobierno gira en torno a la modificación de Impuesto sobre la Renta.
Según Fallas, la Administración plantea un texto que reforma elementos que permitan cumplir con los estándares que establece la OCDE, especialmente en las acciones del Proyecto BEPS: Base Erosion and Profit Shifting (Lucha contra la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios, en español), elaborado por esa organización y pedido del G20 en el año 2013.
La nueva propuesta incluiría una tarifa del 12% a las ganancias de Capital y de acuerdo con el Ministro sobre esa fuente adicional de ingresos, tienen conocimiento de la propuesta de ligar la recaudación a un destino específico, sin embargo, ellos son de la tesis de que, lejos de definir un destino específico, lo que se podría establecer es un monto determinado a distribuir, indexado por el Índice de Precios al Consumidor.
SE ACABA EL TIEMPO. El Ministro le recordó a los diputados que recientemente, la calificadora Fitch Ratings degradó la calificación de la deuda a largo plazo de Costa Rica por el alto déficit fiscal, pese a los esfuerzos de Hacienda por tomar medidas administrativas que frenaran ese incremento.
De acuerdo con Fallas, otras calificadoras, así como otros organismos, visitarán Costa Rica en los próximos dos meses para evaluar el avance de los proyectos y sería muy riesgoso para la estabilidad del país, seguir recibiendo bajas calificaciones en la deuda y en la perspectiva a largo plazo.
“Como Gobierno, estamos dispuestos a apoyar la aprobación de una vía rápida de no bloqueo, ya sea mediante el artículo 208 bis u otro similar del Reglamento de la Asamblea, con el fin de que estos proyectos logren convertirse en Leyes de la República en un plazo prudencial”, dijo Fallas.
“Por el bien de Costa Rica, por la estabilidad de su economía y el compromiso con la solución del problema fiscal, y convencidos del reto y del deber patriótico que tenemos por delante, agradecemos la pronta valoración a esta propuesta, respetuosamente esperando una respuesta en un plazo de una semana (jueves 2 de febrero). Desde el Ministerio de Hacienda, tal y como lo hemos venido insistiendo, estaremos en la mejor disposición de acompañar, con el equipo técnico necesario, para la construcción de un acuerdo responsable por el bien del país”, concluye la carta.
