San José, 11 may (elmundo.cr) – El Presidente Luis Guillermo Solís y el ministro de Hacienda, Helio Fallas presentaron ante la Asamblea Legislativa un proyecto sobre regla fiscal, alternativa al presentado por la oposición y que según el Gobierno de ser aprobado, causaría el despido de 55.000 trabajadores en el sector público.
Se trata del expediente 19.952 denominado “Ley de Responsabilidad Fiscal” y que fue presentado el lunes.
“Esta iniciativa es la pieza jurídica que viene a completar la Agenda de Fortalecimiento de la Hacienda Pública, conformada por nueve proyectos, ocho en la corriente legislativa y uno que ya es ley de la República. Todos son complementarios, pues por un lado ayudarán a reducir el déficit en el mediano plazo y por otro, mantendrán las finanzas en una senda segura en el futuro”, dijo el vicepresidente y ministro, Helio Fallas.
Según el jerarca, el éxito de esta fórmula radica en su implementación total, por lo que insistió en que los nueve proyectos presentados por el Ejecutivo ante el Congreso, sean aprobados.
Según el texto del proyecto, el crecimiento del gasto corriente del sector público estará determinado por dos variables: la deuda del Gobierno Central como porcentaje del PIB y el crecimiento promedio del PIB real.
“De esta forma, a medida que la relación deuda / PIB aumenta, la restricción del crecimiento del gasto corriente será mayor”, detalló Hacienda.
Por ejemplo, el déficit fiscal del Gobierno Central en el año 2015 fue de 5,9% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que el crecimiento del PIB fue de 3,5%. Si se aplicara la fórmula planteada por Hacienda, el crecimiento en el gasto corriente no podría superar 1.68% con respecto al 2015.
Si el déficit del Gobierno Central es más bajo y el crecimiento del PIB es mayor, el Gobierno podrá endeudarse más.
También la iniciativa establece una limitación presupuestaria, de modo que la Asamblea Legislativa tenga prohibido aumentar los gatos de Poder Ejecutivo si no se señala la forma en la que los mismos serán cubiertos, respaldado por un informe previo de la Contraloría General de la República.
Si bien hoy la Constitución Política en su artículo 179 establece dicha restricción, la misma no se aplica.
Hacienda afirma que esta regla fiscal cumple con cinco principios: garantizar una sostenibilidad fiscal a mediano plazo porque estabiliza la deuda pública, ser gradual en su implementación porque evita recortes abruptos en el gasto corriente y credibilidad en la propuesta porque se requiere de “disciplina fiscal” de todos los actores que administran fondos públicos.
También porque da prioridad al crecimiento económico y de la inversión pública, porque limita el crecimiento del gasto corriente y únicamente incluye inversión, en caso de que la deuda sobrepasara el 60% del PIB; además de que evita que el déficit únicamente se solucione por la vía del gasto.
Esta ley se aplicaría a todos los entes y órganos que conforman el Sector Público No Financiero.
Sin embargo, se exceptúan los recursos del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte y las empresas públicas en competencia, pero solo en lo relativo a dicha actividad que compite en el mercado.
La excepción en lo atinente a las empresas públicas, se dejaría de aplicar cuando la empresa solicite un rescate financiero al Poder Ejecutivo, o cuando su coeficiente de deuda sobre activos sea superior al 50%.
Adicionalmente, la propuesta establece una serie de disposiciones, tales como la creación de nuevas fuentes de financiamiento para las nuevas responsabilidades del Estado, y la adopción de medidas compensatorias, de aumento de ingresos o reducción de gasto, si se aprueban nuevos incentivos fiscales.
De este modo dejarían de aprobarse exoneraciones sin que se estipule la fuente que cubrirá ese incentivo.
