San José, 04 jul (elmundo.cr) – El Gobierno de Luis Guillermo Solís presiona ahora a la Asamblea Legislativa para aprobar el proyecto de Ley del Recurso Hídrico, iniciativa popular que tiene más de 170.000 firmas de respaldo.
Para la administración Solís, “la actual crisis hídrica que se vive en Costa Rica es el resultado del agotamiento del marco jurídico e institucional para su gestión, que se acentúa con la variabilidad climática”.
El Proyecto de Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico, que se tramita en el expediente 17.742 fue creado con el propósito de dar una respuesta adecuada y estratégica a la crisis del agua que afronta el país, para fortalecer los mecanismos de gestión del recurso y garantizar el agua, en cantidad y calidad, para las presentes y futuras generaciones.
“Como sociedad, todos los actores debemos decidir si continuamos agudizando la crisis por el agua, que afecta a las generaciones de hoy y podría afectar mucho más a las generaciones futuras, o si tenemos el valor cívico de dar un giro que permita revertir los impactos que en todos los sectores sociales y productivos genera no tomar decisiones en un tema que es vital para la vida humana, el impulso económico y la generación de bienestar”, dijo el Gobierno en un comunicado de prensa remitido por la Casa Presidencial.
El proyecto actualmente está a la espera de que los diputados le continúen el trámite luego de que la Sala Constitucional declarara que tenía roces con la Carta Magna.
La iniciativa fue presentada mediante el mecanismo de iniciativa popular con el respaldo de más de 170.000 costarricenses y aprobado en primer debate en el año 2014, con el apoyo de 46 diputados de todas las fuerzas políticas representadas en ese momento en la Asamblea Legislativa.
Según la Ley de Iniciativa Popular, los proyectos presentados por el puño y letra de los costarricenses deberán aprobarse en un plazo no mayor a los dos años, sin embargo esta iniciativa tiene ya poco más de tres.
El Frente Amplio dijo recientemente, que elevarían el caso ante la Sala Constitucional para que se ordene aprobar este proyecto en el menor plazo posible.
