Zapote, 28 mar (elmundo.cr) – El Gobierno de Luis Guillermo Solís afirma que el hecho de que la exviceministra de Agricultura, Gina Paniagua no haya devuelto ni un solo colón de los más de 4 millones que recibió ilegalmente, gracias a la compensación por prohibición, no constituyen un acto de corrupción.
Así coincidieron Luis Felipe Arauz, ministro de Agricultura y Ganadería (MAG) y el ministro de Comunicación, Mauricio Herrera durante la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gabinete de este martes.
EL MUNDO reveló el pasado 15 de marzo que Gina Paniagua se había comprometido a devolver los recursos que percibió ilegalmente, con pagos mensuales de ¢50.000 colones, durante 93 meses, sin embargo, incumplió el acuerdo, no devolvió un cinco y ahora el Ministerio pidió llevar el caso a cobro judicial.
El 23 de febrero del 2017, en el Museo Nacional, el Presidente de la República dijo que los sobrepagos a sus viceministras no eran actos de corrupción, pues estos fueron detectados y devolvieron o hicieron gestiones para regresar los recursos.
Bajo esa definición de “corrupción”, este medio consultó al Gobierno si el caso de la exviceministra calificaría como un caso de ese tipo, sin embargo, la respuesta fue negativa.
“Si ella no cumplió no es un problema de corrupción de este Gobierno, ella tenía sus razones personales para no dar los dineros, no podemos decir que es un acto de corrupción”, dijo Arauz, quien era el superior de Paniagua en el Ministerio de Agricultura.
De acuerdo con el ministro, el asunto ahora se está resolviendo con las vías correspondientes.
Por su parte, el ministro de Comunicación, Mauricio Herrera dijo que el hecho de que el MAG haya elevado el caso a cobro judicial “demuestra la voluntad del Gobierno por solventar esas situaciones”.
La exviceministra de Agricultura se convirtió en la quinta funcionaria de este Gobierno que se revela ha cobrado ilícitamente la prohibición, establecida en los artículos 14 y 15 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.
La primera fue la viceministra de Gobernación y Policía, Carmen Muñoz; que ha estado devolviendo los más de ¢11 millones de colones en tractos. El segundo caso público fue el de la ahora exviceministra de Vivienda, Ana Cristina Trejos; quien tuvo que devolver casi ¢11 millones de colones que percibió ilegalmente. El tercer caso, revelado a raíz de una investigación periodística de EL MUNDO fue el de Ana Gabriel Zuñiga Aponte, quien ha cobrado más de ¢30 millones de colones por ese incentivo y no ha devuelto ni un colón, ya que está a la espera de que la Procuraduría de la República ratifique la ilegalidad de ese pago.
Más recientemente, el viceministro de Paz, Victor Barrantes Ruiz anunció que solicitó personalmente al Ministerio de Justicia que se rebaje su incentivo de un 65% a 45%, hasta que la Procuraduría aclare si se le puede pagar la prohibición, siendo licenciado en Derecho pero sin estar incorporado al Colegio de Abogados de Costa Rica. De confirmarse que el plus se le otorgó ilegalmente, Barrantes tendría que devolver más de ¢30 millones.
