Gobierno insta a Uber abandonar su operación hasta no definir su marco legal

» Se resguardará a las familias que dependen del transporte remunerado de personas

Los taxistas afirman que pasan con muchas necesidades desde que llego Uber al país
Rectoría en el tema de trasporte público es competencia del MOPT

San José, 4 set (elmundo.cr)- El Consejo de Gobierno conoció este martes 4 de setiembre la solicitud que hizo la Unión de Taxistas Costarricenses (UTC), con el fin de “cancelar, cerrar, bloquear la operación de la firma Uber para que así deje de operar su gestión ilegal”, reza la solicitud.

Sobre la misma, el Consejo de Gobierno consideró que debe continuarse con las labores de revisión y modernización del marco legal existente del transporte remunerado de personas modalidad, taxis, resguardando el interés de las familias que dependen de esta actividad, respetando la ley vigente.

“Los servicios de transporte en todas sus modalidades son una fuente de empleo y significan una solución socioeconómica para miles de familias. Conscientes de esto y de que las nuevas tecnologías plantean retos a los Gobiernos, es que buscamos una solución integral que permita resolver la situación de los taxistas de forma innovadora en beneficio de los usuarios”, señaló el ministro, Rodolfo Méndez.

Así mismo, el órgano presidido por el presidente de la República reafirmó lo dispuesto en la resolución número 1353-MOPT de ese consejo, que se establece la creación de una Comisión Mixta de Taxis para plantear propuestas que permitan mediante un plan estratégico avanzar en soluciones legales, técnicas y administrativas que permitan la solución de la problemática presente.

Además, se reiteró que la administración ha señalado la ilegalidad de las plataformas no reguladas que brindan el servicio de trasporte remunerado de personas, como lo ha indicado la Sala Constitucional, la Procuraduría General de la República, el MOPT y el Consejo de Transporte Público (CTP).

Por todo lo anterior, el Consejo de Gobierno acordó “instar una vez más a la empresa Uber y a otras empresas que operan plataformas tecnológicas en la prestación de servicio de transporte público de personas, a abandonar su operación hasta tanto no se defina la revisión y o modernización del marco legal existente del transporte remunerado de personas.

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