San José, 28 jun (elmundo.cr) – Las comunidades costarricenses afectadas por los impactos sociales y ambientales de la expansión piñera, y un gran número de organizaciones sociales y ecologistas denuncian el incumplimiento por parte del Gobierno, de los acuerdos firmados el día 19 de mayo en Casa Presidencial.
En mayo la caminata de casi 180 kilómetros encabezada desde Los Chiles por Jorge Castro, Mariana Paniagua y Gabriel Campos, que buscaba denunciar la trágica situación que viven las familias pequeñas ganaderas y campesinas de la zona norte de Costa Rica, culminó con una reunión en Casa Presidencial.
En esta reunión se firmó un documento que contenía cuatro puntos mínimos de acciones que el Ejecutivo realizaría. Estas acciones buscaban abrir una ruta de cumplimiento de las leyes existentes en el país, y que desde las comunidades y organizaciones reiteradamente hemos denunciado que las empresas piñeras e instituciones del Estado incumplen.
Según los ambientalistas todo esto se hace configurando una trama de complicidad, impunidad y corrupción, donde se salvaguardan los intereses de los capitales nacionales y trasnacionales piñeros y se socavan los Derechos Humanos fundamentales de las comunidades.
Es por esto que denuncian la falta de buena fe de la Administración Solís Rivera, mencionan la falta de seriedad y compromiso con las problemáticas de las comunidades afectadas, que se expresa claramente en que ni siquiera honraron su palabra para el cumplimiento del primer acuerdo.
El primer acuerdo era que “en un periodo no mayor a 15 días” después de la reunión en Casa Presidencial, se realizaría una visita de inspección a fincas piñeras de la zona norte por parte de las y los Ministros de Agricultura, Ambiente, Salud, Trabajo y la Presidencia de AyA.
La fecha de la gira se fijó para el jueves 29 de junio, después de haber sido cambiada tres veces por el Gobierno, que comunicó oficialmente anteayer, por medio del asesor del Ministerio de la Presidencia Raymi Padilla, que decidieron cancelar la gira, a pesar de que mostramos total anuencia para coordinar el cumplimiento de este acuerdo, ajustando la fecha de la visita a la agenda de los funcionarios.
El Gobierno por su parte argumenta que canceló la gira por “señalamientos y ataques hacia el Ministro de Agricultura y Ganadería”, hechos en redes sociales; y por “la incertidumbre”, al no decirles específicamente las fincas que iban a visitar.
Sin embargo los ambientalistas aseguran que este último aspecto quedó claro desde la firma de los acuerdos, en el sentido de que se coordinaría una ruta general para la visita pero no se revelarían las fincas hasta el mismo día de la inspección, pues lamentablemente cuando las fincas esperan visitas oficiales suelen “preparar” el terreno para ocultar la evidencia de irregularidades.
“Todo esto es sólo una excusa vergonzosa para no cumplir con el compromiso que habían firmado los funcionarios y ministros y que, recalcamos, el Presidente no quiso firmar nunca a pesar de la insistencia de Jorge Castro, Mariana Paniagua y Gabriel Campos, que permanecieron varios días en las afueras de la Casa Presidencial solicitándole dicho respaldo. En esos días entregaron también en Casa Presidencial 215 denuncias relacionadas con los impactos del monocultivo de piña, sobre las cuales no han obtenido respuesta”, indicaron mediante un comunicado.
De igual forma los ambientalistas cuestionan la “autoridad moral” del Ministro Luis Felipe Arauz, al que acusan de ser “fiel defensor de la agroindustria y del sector piñero”, tal como consta en sus declaraciones de prensa y en su artículo “De piña y ambiente”.
“Lo desconocemos como autoridad ante las comunidades y organizaciones que llevamos a cabo procesos de defensa ambiental y de Derechos Humanos, él acoge serenamente las críticas y presiones del agronegocio pero se niega a atender las acciones que buscan frenar el despojo de las tierras campesinas y la destrucción de nuestro ambiente por parte de las empresas piñeras”, agregan.
Para los ambientalistas el Gobierno no puede seguir apostando por proteger los intereses de los grandes empresarios piñeros. “Las comunidades y organizaciones sociales y ecologistas estaremos realizando una serie de medidas de presión en las comunidades afectadas, además de acciones de denuncia nacional e internacional justificadas en el irrespeto a los Derechos Humanos y a las leyes nacionales, así como en la destrucción ambiental que implica la producción de piña a gran escala en nuestro país”, aseguran.
“Demandamos una vez más una Moratoria Nacional a la expansión piñera con el fin de proteger la agricultura y ganadería campesinas, el ambiente y los Derechos Humanos frente a este devastador monocultivo, que sigue creciendo sin fiscalización adecuada por parte del Estado. Reiteramos nuestra disposición al diálogo transparente, en aras de sumar esfuerzos para que se cumpla a cabalidad la legislación ambiental, laboral y agropecuaria de nuestro país y que las instituciones públicas implementen sus competencias para garantizar el bienestar de todos los sectores afectados”, concluyen.
