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Gobierno impone fuertes limitaciones a importación de ropa usada

San José, 1 jun (elmundo.cr) – Mediante un decreto ejecutivo el presidente de la República, Carlos Alvarado y el Ministerio de Salud impusieron una serie de limitaciones para la importación de ropa usada.

El decreto publicado en La Gaceta del 17 de diciembre de 2018 presenta un reglamento técnico que obliga a las ventas de ropa usada y sanitización de sus productos textiles.

Para poder ingresar prendas a través del sistema de Ventanilla Única del Ministerio de Comercio Exterior el importador debe registrarse ante la dirección de Atención al Cliente del Ministerio de Salud.

Los requisitos que debe presentar el importador son los siguientes:

“a) Llenar el formulario de registro de importador en forma completa, según Anexo I del presente reglamento.

b) Indicar el número de Permiso Sanitario de Funcionamiento del establecimiento importador.

c) Indicar el nombre, ubicación y número de Permiso Sanitario de Funcionamiento vigente, de los establecimientos que utilizará para el lavado de las prendas de vestir usadas.

d) Estar inscrito como “Gestor de Residuos Ordinarios” de conformidad con la Ley No. 8839 del 24 de junio del 2010 “Ley para la Gestión Integral de Residuos”, o bien indicar el nombre del gestor autorizado por el Ministerio de Salud a través del cual dispondrá de aquellas prendas que deban desecharse por estar prohibidas por la presente normativa o en mal estado”.

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Según el decreto el registro como importador de prendas de vestir usadas no tendrá vencimiento.

Por su parte, la Dirección de Atención al Cliente del Ministerio de Salud tiene un plazo de 10 días hábiles para resolver la solicitud de registro o desinscripción como importador.

“Previo a la internación del producto en el territorio nacional, el importador deberá presentar una Declaración de Cumplimiento, a través del Sistema de Ventanilla Única de Comercio Exterior, de conformidad con el Anexo 1 del Decreto N° 37662-MEIC-HMICIT del 12 de diciembre del 2012 ‘Procedimiento para la demostración de la evaluación de la conformidad de los reglamentos técnicos’”, señala el decreto.

Además, indica que “en caso que, las prendas vengan pre-sanitizadas de origen, el importador deberá adjuntar documento emitido por el gobierno del país de origen, indicando el proceso de sanitización al que fueron sometidas las prendas, o una Declaración Jurada del remitente, indicando que las mismas cumplen con lo establecido en el inciso 6 “SANITIZACIÓN” del presente reglamento técnico”.

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Ambos documentos deben ser apostillados, salvo que el requisito de apostillado se encuentre exento mediante un acuerdo internacional, lo cual deberá ser así indicado por el importador y si estuvieren redactados en idioma extranjero, deberán acompañarse por traducción oficial.

También el reglamento da una serie de requisitos de cómo debe ser el proceso de sanitización y la forma en que las prendas deben ser lavadas, las lavanderías deberán llevar una bitácora de lavado y deberán estar debidamente registradas ante la Dirección de Atención al Cliente del Ministerio de Salud indicando el permiso sanitario de funcionamiento.

Por otro lado “se prohíbe la importación de calzado usado y ropa íntima usada, según se describen éstos en los incisos 4.1, 4.4, 4.5, 4.9 de la presente normativa. De igual forma queda prohibida la comercialización y donación de los productos antes indicados, que se encuentren dentro del territorio nacional. Todos estos productos deberán ser destruidos mediante coincineración, el coprocesamiento o el envío a un relleno sanitario, lo cual será llevado a cabo por el importador según se indica en el artículo 6.2.3, informando de cada destrucción al funcionario designado por la Dirección del Área Rectora de la Salud territorialmente competente”.

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Un grupo de importadores de ropa usada conversaron con EL MUNDO y aseguraron que “el gobierno planea imponer limitaciones absurdas que no se aplican en ningún país de Latinoamérica, condenando al cierre de todas las tiendas de ropa americana del país, siendo fuente de empleo para emprendedores y personas especialmente en comunidades pobres”.

Para estos comerciantes “los requisitos impuestos aumentarían el costo de manera irracional e injustificada a la importación de ropa usada, así como la tramitología, en momentos de grave desempleo es un absurdo ideológico e inoportuno sin hechos demostrados de afectación a la salud pública”.

Los importadores también indicaron que este tipo de medidas puede llevar al cierre de negocios de venta de ropa usada y por consiguiente al despido de muchas de las 6 mil personas que trabajan en esta actividad.

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