San José, 31 jul (elmundo.cr) – El Gobierno de Luis Guillermo Solís presentó un plan que pretende cargar a los clientes residenciales de electricidad, el costo de dar ese servicio básico a las familias en pobreza extrema y pobreza.
Una vez puesto en marcha, el beneficio se aplicará a aquellas familias identificadas por el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) como por debajo de la línea de pobreza básica o extrema y estarán sujetas a este durante un tiempo definido y acotado.
El ministro de Ambiente y Energía, Édgar Gutiérrez afirmó que el plan de tarifas eléctricas solidarias es un importante resultado de la política energética nacional, que ayudará a las familias en situación de pobreza a salir adelante, mientras que promueve la eficiencia en el consumo eléctrico.
“Nuestro objetivo en la generación de una energía eléctrica limpia para Costa Rica es también que su distribución sea equitativa y pueda ser accesible para la población más vulnerable del país”, afirmó el ministro.
Los potenciales beneficiados son 27.300 familias que actualmente están integradas en el programa “Puente al Desarrollo” de combate a la pobreza, así como otras 27.300 que se incorporarán al mismo a finales del 2017.
De acuerdo con la viceministra de Energía, Irene Cañas Díaz, el beneficio será asignado tomando en cuenta elementos como la focalización individualizada, la cantidad de energía consumida y la situación socioeconómica de la familia y aplica para los primeros 100 kWh facturados.
“La facturación mantendrá el financiamiento a otros sistemas, contribuciones específicas como es el caso de los costos fijos por estar conectado a la red de sistema de distribución eléctrica, el tributo a Bomberos, el alumbrado público y el costo variable de combustibles. Las familias siempre pagarán un monto por estos rubros; sin embargo, el beneficio en el consumo de la energía, será de acuerdo a su condición de pobreza”, explicó Cañas Díaz.
El plan del Gobierno es que Aresep diseñe el esquema tarifario, de modo que el subsidio se financie con recursos del sector residencial y no con recursos de otros sectores, ni fondos del Gobierno ni de sus instituciones.
Según los datos del Gobierno, las potenciales familias beneficiadas son aquellas jefeadas por mujeres y con menores de edad, familias con personas en condición de discapacidad, familias con personas adultas mayores a su cargo, familias donde el jefe del hogar está desempleado y familias indígenas.
