El diputado y abogado en el caso Crucitas del Partido Frente Amplio, Edgardo Araya, reprochó que el gobierno desoyera su propuesta para la compra del terreno en la finca Vivoyet, en Cutris de San Carlos, durante estos casi cuatro años de mandato, aunado a las iniciativas que ha planteado en aras de reactivar la economía en la zona.
Araya promovió la instalación de un centro de investigación y capacitación interuniversitaria (públicas y privadas) con la participación del Instituto de Desarrollo Rural (INDER).
Además incluyó dentro de la propuesta a la Banca Estatal y Banca para el Desarrollo, de modo que faciliten líneas de crédito enfocadas en financiar proyectos de turismo rural comunitario, fincas agroecológicas, entre otros.
No obstante, el nulo avance en la materia coloca al abogado defensor de Crucitas en una posición de reproche contra las autoridades a cargo no solo de la compra del terreno, sino también de impulsar el desarrollo económico en la finca donde en el pasado la compañía Industrias Infinito pretendió extraer oro a cielo abierto.
Sobre la misma línea, el candidato presidencial reiteró su crítica hacia el gobierno, pues considera que de haber llevado a cabo las propuestas, el Estado tendría una presencia permamente en el lugar, y así palearía el problema de los coligalleros (persona que sustrae oro en pequeñas cantidades sin autorización alguna).
“Creo que si le hubieran dado importancia política al proyecto, probablemente estas cosas no habrían ocurrido. De haber hecho caso sobre la compra de la finca, ya que desde hace rato se los planteamos, eso se hubiera evitado”, manifestó.
Asimismo, el abogado ambientalista mencionó que el INDER estaba a cargo de estos proyectos, sin embargo, a la fecha no habría llevado a cabo ninguno. Por ese motivo responsabilizó a la entidad de ser “incapaz” de poner en marcha las iniciativas.
De igual forma dirigió sus señalamientos contra el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, a quien le atribuye el no haber tomado ninguna decisión política para la adquisición de la finca.
“La planta procesadora de queso sigue, pero ahora el INDER sale de último momento con que el terreno que se había buscado para la planta queda muy lejos de calle pública y no tiene agua”, cuestionó Araya, al tiempo que reprendió la falta de voluntad a la hora de darle prioridad a este tipo de temas.
El presidente ejecutivo del INDER, Ricardo Rodríguez, aseguró que el tema de Crucitas ha sido preocupación de la institución, sobre todo en cuanto a la producción, dado que los distritos de Pocosol y Cutris están dentro de los indicadores de pobreza más elevados.
Incluso, la ley le dice a la entidad que actúe donde el indicador de pobreza es más acentuado, por ello realizaron una reunión con el Infocoop, el MAG, el IMAS y el CNP, donde se determinó según estudios de la Universidad Nacional, que el queso palmito es de denominación de origen, es decir nace de Coopevega.
A raíz de ese encuentro, se barajó la posibilidad de promover el desarrollo de una planta procesadora de quesos. El proyecto lo elaboró el TEC y el INDER apartó los fondos para impulsar la iniciativa. Sin embargo, en el camino hubo problema con el lote.
“Resulta que quien dona el terreno lo hace en una finca, pero no a la orilla de la calle, sino a unos kilómetros más adentro, para que se haga un camino y luego urbanizar, o sea un negociazo, por eso el INDER no va a caer en esa trampa y estudia las posibilidad de otro lote”, precisó Rodríguez, quien además dijo que la iniciativa sufrió un traspié por problemas de agua en el lugar, aunque el inconveniente ya se estaría solventando.
El funcionario comentó que en conversaciones con el alcalde de San Carlos, surgió la posibilidad de firmar un convenio para que el INDER desarrolle la planta y contribuya con los pasos de alcantarilla, mientras que el ayuntamiento asumiría la responsabilidad de mejorar los caminos que actualmente se encuentran en mal estado.
“Para nosotros poderle pasar la plata al gobierno local tienen que haber liquidado el proyecto anterior, donde el INDER estaba apoyando un acueducto en Pital de San Carlos, tenían que entregarme la liquidación, el segundo proyecto va si el primero está bien liquidado.
Hace 22 días la municipalidad le liquidó a la institución, revisamos cada factura y dijimos que tenían que hacer algunas correcciones, ya ellos las hicieron, pero eso se va a quedar para el verano (las obras)”, resaltó el presidente de la institución.
Rodríguez reconoció que el diputado sí propuso la compra del terreno, pero la institución no adquiere fincas de ese modo, porque detrás debe haber alguien que demande el proyecto.
“El centro académico lo sé hasta ahora que usted me lo dice. Yo le dije que podía promover el proyecto para valorar la compra de la finca. Son propuestas al aire, no hay nada que sea definitivo, no hay una propuesta de un proyecto. El gobierno puede comprar una tierra pero para qué la quiere, cuál es el uso que le va a dar, quién lo está demandando”, argumentó.
El funcionario aseguró que la institución ha venido trabajando para encontrar la forma de impulsar el proyecto, pese a considerar que la situación es difícil, ya que se debe vender una idea y la “criatura” tiene que nacer de las mismas universidades.
“He venido teniendo conversaciones con la UNA, sin ningún compromiso de por medio, para ver la posibilidad de crear un centro de investigación. Debemos de plantear un proyecto bien estructurado, porque la dinámica de las personas que están sacando oro ahí es muy comercial, está en contra de los principios ambientales y sociales”, enfatizó.
“Negligencia política”
Edgardo Araya no descarta presentar una denuncia contra el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), que es una dependencia del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), por “negligencia e inoperancia al no haber actuado con diligencia” para contrarrestar la presencia de los coligalleros y la extracción de oro ilegal en la mina.
Aunado a ello, el legislador apela para que el Minae y la Fuerza Pública asuman el compromiso de actuar, y de ese modo evitar más daños ambientales en la zona. Incluso considera que existe “miedo” de introducirse en la finca para atender la problemática.
“Está dentro de las posibilidades poner una denuncia contra el Minae, lo que me cuesta ahorita es demostrar que han ido, porque ellos dicen que van. Hasta hace 2 o 3 días la Fuerza Pública entró como tenía que hacerlo, luego de que pegamos el grito, porque no se había hecho nada, después de haberme dicho varias veces que iban a entrar.
Les tiembla, les da miedo meterse ahí, yo sí estaría considerando exigirle explicaciones al director regional del Minae, donde solo le hace falta decir que la minería debió quedarse ahí”, reprendió.
Entretanto, el Minae aseguró que no solo está informado de la presencia de personas que extraen oro sin tener concesión minera en Crucitas, sino que también cuentan con evaluaciones de campo. La última visita se registró el 24 de abril de este año, es decir hace casi seis meses, según datos suministrados por la entidad.
El administrador de la finca, Greivin Rodríguez, le dijo a La Nación días atrás que la presencia de coligalleros viene desde hace siete meses, pero en las últimas semanas se complicó, cuando ya se dio la tala y la contaminación de las quebradas con mercurio, en ese afán de extraer oro de la mina.
Cabe mencionar que el 16 de agosto del presente año entró oficialmente en vigor la Convención sobre Mercurio suscrita en el 2013, en Kumamoto, Japón. Costa Rica fue uno de los países firmantes de dicho convenio.
Por solicitud de la Fiscalía de Ciudad Quesada, se realizaron dos visitas de inspección conjunta entre la Fiscalía, la Fuerza Pública, el SINAC, la Dirección de Agua y la Dirección de Geología y Minas.
Durante la inspección, el geólogo destacado en la Región Huetar Norte encontró evidencias de actividad minera ilegal. A raíz de esa situación, se han llevado a cabo reuniones y hay coordinación permanente con autoridades de la Fiscalía General de la República y del Ministerio de Seguridad Pública.
“El tema se atiende como un asunto de gobierno, por lo que ninguna institución actúa de forma individual. La Dirección de Geología y Minas ha extendido las certificaciones que la Fiscalía le solicita con el fin de abrir los casos en contra de las personas detenidas. La Dirección de Agua y el SINAC han realizado muestreos de las aguas para determinar posible contaminación con mercurio”, explicó el Minae.
De la evaluación de campo realizada, se determinó que existe una intervención minera reciente de tipo artesanal en cauce de dominio público, para la extracción de un yacimiento de oro libre en el sector de Crucitas, Finca Vivoyet, con la aplicación de Mercurio en el proceso de amalgamación.
Esta actividad minera de superficie se desarrolla sin contar con el otorgamiento de una concesión minera, según lo establecido en la Ley 6797 y en el decreto N°29300-MINAE, “Código de Minería y su Reglamento”.
La cartera ministerial desconoce hasta dónde llegó el daño ambiental, ya que está coordinando con la Fuerza Pública, debido a que es inseguro enviar personal por su propia cuenta para que haga esa cuantificación.
Al respecto, el diputado Araya aseguró que “la responsabilidad es del SINAC y si le tienen miedo a los coligalleros y no quieren entrar, porque ahí hay una mafia, entonces meter a la policía de fronteras para que se estacione ahí”.
El Minae espera que las autoridades de la Fiscalía y de la Fuerza Pública sienten las responsabilidades sobre las personas involucradas con los daños ambientales. Además, que los tribunales emitan su sentencia de acuerdo con la legislación vigente. Para ello, el personal de la institución aportará la cuantificación y valoración de los daños (información que aún no posee).
El frenteamplista insistió que el gobierno no ha tomado una decisión en aras de llevar a cabo la adquisición del terreno para el desarrollo de los distintos proyectos.
“Dicen que sí les parece interesante, pero no ponen el dinero. Entonces no podemos seguir adelante. Si dicen que sí, se podría por medio del INDER o a través de la plata que van a usar para pagar el daño ambiental luego de la condena, me parece la propuesta más razonable.
Lo primero era comprar la finca y luego ver las distintas opciones, para mí la más clara era utilizar la plata por la indemnización del daño ambiental que está establecida al Estado, los 6.5 millones de dólares, esa es la propuesta original que yo le he llevado al procurador general de la República, al presidente de la República y a todo lado”, expuso.
De paso lamentó que el gobierno no tomara “en serio” sus advertencias de lo que en el sitio podía suceder, al punto de tener que denunciar y alzar la voz para que la Fuerza Pública actuara.
Adicionó que las propuestas no las ha puesto por escrito, aunque sí hay una solicitud ante la Sala I donde está el juicio de la ejecución de sentencia, en la que pide que se abra una audiencia de conciliación para analizar la posible compra de la finca.
201 notificados y 48 aprehendidos
La Fuerza Pública y la Policía de Fronteras del Ministerio de Seguridad Pública, sumaron esfuerzos y recursos para realizar operativos en la mina Crucitas, con tal de atender las denuncias por la presencia de coligalleros. La acción policial dejó como saldo a 201 personas notificadas y 48 aprehendidas.
“El ingreso se hizo por Coopevega y El Concho de Pocosol donde al entrar ubicamos 201 personas en la finca y que fueron notificadas sobre la prohibición de efectuar tareas de extracción de oro o cometer cualquier otro delito. De ese total, 48 personas resultaron aprehendidas tras estar infringiendo normativa vigente, entre los detenidos hay costarricenses y nicaragüenses, así como un menor de edad”, detalló el Ministerio de Seguridad.
También se efectuaron 14 actas de decomisos de instrumentos como palas, picos, zarandas, cubetas, machetes; así mismo, oficiales de Fronteras han decomisado 3.6 kilogramos de líquido mercurio y 96 kilogramos de sedimento entre lo que está tierra, arena y oro.
Con respecto a la presencia de uniformados, el diputado del Frente Amplio dijo que “hace unos días hubo una intervención, pero no era meter unos cuantos policías y sacar a tres y devolverse, sino recuperar el control y el orden de la finca, ahí el gobierno no tiene control, tiene que tener un contingente policial, ocupar la zona para que la gente se tenga que ir”.
El congresista presiente que los coligalleros estarán a la expectativa de la retirada de los oficiales, por eso aboga para que haya presencia policial en la zona de conflicto hasta donde sea posible.
Papel protagónico
El diputado junto con UNOVIDA, desde el 2002 le dio seguimiento legal al caso y presentó oposición al proyecto minero, que fue tramitado por Industrias Infinito ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental de Costa Rica, SETENA.
En el 2008, durante el gobierno del expresidente Óscar Arias Sánchez, se firmó un decreto declarando el proyecto minero Crucitas de interés nacional. Lo anterior provocó la reacción inmediata de Araya a través de UNOVIDA, al presentar un recurso de amparo que paralizó el daño de al menos 105 hectáreas de bosque en una zona ambientalmente sensible.
Araya es reconocido por su lucha contra el proyecto minero de Crucitas, el cual fue impulsado por la empresa canadiense Infinito Gold. Incluso, El 25 de noviembre de 2010 se evitó la constitución de una planta de extracción minera en la zona. En noviembre de 2015, el Estado y la compañía fueron condenados a pagar por el daño ambiental causado a Costa Rica, con una multa de $6,5 millones.
La causa finalizó en el 2010, cuando se llevó a cabo el juicio en el Tribunal Contencioso Administrativo, en donde el legislador integró un equipo jurídico para sepultar el proyecto minero. Ese mismo año, la Asamblea Legislativa declaró por ley la prohibición de la minería metálica a cielo abierto en el país.
