San José, 10 ago (elmundo.cr) – La presidenta de la República, Laura Fernández, decretó este lunes como Secreto de Estado toda la documentación, archivos e información vinculados con el Consejo Nacional de Seguridad Pública, la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) y el grupo de trabajo denominado “Fuerza Élite”.
La declaratoria, que entró en vigencia de forma inmediata tras su publicación en el alcance 104 del diario oficial La Gaceta, establece que dicha información será de carácter “absolutamente confidencial y de acceso restringido”, exceptuada de cualquier consulta pública por razones de interés público, seguridad y defensa nacional.
El decreto 45870-MSP abarca no solo informes y archivos, sino también las sesiones, reuniones, grabaciones, bitácoras y acuerdos generados en el seno de estos órganos. Asimismo, incluye detalles sobre estructuras de mando, recursos tecnológicos, protocolos de intervención, mecanismos de inteligencia y capacidades operativas.
Alcance de la medida
La restricción se extiende a la totalidad de las actuaciones administrativas, incluyendo estudios previos, ofertas, adjudicaciones, financiamientos, contratos y fases de ejecución de procedimientos de contratación pública, sin importar si los entes involucrados son públicos o privados.
El Ejecutivo justificó la decisión argumentando que la divulgación de estos datos podría comprometer operaciones policiales, revelar vulnerabilidades institucionales, afectar compromisos internacionales y poner en riesgo la vida de funcionarios y terceros ante la amenaza del crimen organizado.
Deber de confidencialidad
La normativa impone un deber de silencio absoluto a todos los participantes en estas instancias, incluyendo jerarcas, miembros de fuerzas policiales, personal de apoyo y asesores.
Incluso los consultores, contratistas y sujetos privados que presten servicios técnicos o profesionales deberán firmar una cláusula de sometimiento al Secreto de Estado. El decreto advierte que quienes incumplan con esta disposición se exponen a procedimientos administrativos, sanciones legales por quebrantamiento del secreto y la resolución contractual sin responsabilidad para la administración.
La obligación de confidencialidad persistirá de manera indefinida, incluso después de que finalice la relación laboral o contractual con el Estado.
