Las tensiones entre el presidente Rodrigo Chaves y los medios de comunicación, en especial Canal 7, volvieron a escena esta semana con la publicación del Decreto Ejecutivo N.° 45195-MICITT, que define el futuro de las concesiones de radio y televisión.
El mandatario, quien desde la campaña electoral de 2022 ha sostenido un discurso crítico contra la prensa, había advertido el pasado 2 de abril que “la fiesta se les acabó” a televisoras y radiodifusoras, pues a su criterio pagan muy poco por el uso de frecuencias que pertenecen al Estado. Incluso advirtió de un “apagón” de medios si la Asamblea Legislativa no aprobaba una reforma al impuesto de radiodifusión.
Un decreto que despeja el apagón
El decreto firmado por Chaves y la ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), Paula Bogantes, extiende la prórroga de las concesiones hasta el día hábil siguiente a la declaratoria oficial del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) sobre las nuevas autoridades tras los comicios del 2026.
Con ello, el Ejecutivo dejó sin efecto la amenaza de suspender frecuencias a partir del 28 de setiembre, cuando vencía la prórroga anterior de 15 meses. La medida, publicada en La Gaceta, se justifica en la necesidad de garantizar la continuidad de la radiodifusión y asegurar el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz en época electoral.
El texto añade que el Micitt mantiene abierto el concurso público para nuevas concesiones, en proceso de instrucción en la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel). Sin embargo, esas nuevas licencias solo entrarían a operar en mayo de 2026, de acuerdo con el calendario electoral.
Choque con el Tribunal Supremo de Elecciones
La decisión se produce en un contexto de fricciones entre el Ejecutivo, los medios y el TSE. El 2 de abril, Chaves condicionó las concesiones a la aprobación del proyecto de ley 24.461, que impone un impuesto del 7,73% sobre los ingresos brutos a televisoras y del 3,13% a radiodifusoras.
Un día después, el Tribunal intervino. El 3 de abril ordenó al Micitt abstenerse de modificar el modelo o la asignación de frecuencias hasta que concluyera el proceso electoral, tras una consulta presentada por la Cámara Nacional de Radiodifusión (Canara).
En su resolución, el TSE advirtió que cualquier cambio podría comprometer el derecho al voto informado al limitar el acceso a información política y electoral. Aclaró además que la medida abarca tanto a la radiodifusión sonora como a la televisiva.
Antecedentes de tensión
El conflicto no es nuevo. Desde la campaña electoral de 2022, Chaves ha mantenido un enfrentamiento abierto con varios medios de comunicación, entre ellos Canal 7. La advertencia de un “apagón” y la presión sobre el canon de radiodifusión se inscriben en esa línea de confrontación que ahora entra en un terreno regulado por decretos y por la vigilancia directa del TSE.
Con la nueva prórroga, el Gobierno desactiva por ahora el escenario de suspensiones inmediatas. Sin embargo, la discusión de fondo sobre cuánto deben pagar televisoras y radios por explotar frecuencias estatales seguirá marcando el pulso de la relación entre el Ejecutivo, los medios y las autoridades electorales.
